El amparo ha sido durante más de un siglo el escudo del ciudadano frente al poder. Gracias a él, se han podido frenar despojos de propiedad, abusos de instituciones como el IMSS, Pemex o el SAT, cobros indebidos de impuestos o resoluciones injustas en juicios familiares, mercantiles e hipotecarios.
Hoy, ese escudo se achica. La reforma que Morena impulsa en el Congreso, con su mayoría simple y sin debate real, limita el acceso al amparo y lo convierte en un recurso débil. Las mesas de diálogo han sido mera pantomima, mientras la atención pública se distrae con otros temas.
¿Qué perderán ciudadanos y empresas?
- Si te despojan de un inmueble, será más difícil frenarlo.
- Si el SAT cobra impuestos indebidos, tendrás menos herramientas para exigir devolución.
- Si un banco ejecuta una hipoteca o una prenda, la defensa será más complicada.
- En juicios de pensión o sucesión, el rezago crecerá en tribunales locales sin preparación suficiente.
- Multas y cobros excesivos podrán ejecutarse con menos riesgo de suspensión.
En resumen, el Estado gana más poder y el ciudadano y la empresa pierden su defensa más efectiva.
El problema real que no se corrige
Es cierto que algunos amparos se presentan con abuso, solo para dilatar o encarecer procesos. Eso debía corregirse con plazos más cortos, filtros claros y sanciones a litigantes abusivos. Pero la reforma no va por ahí: recorta derechos legítimos en lugar de combatir prácticas indebidas.
Artículos en riesgo
La reforma afecta directamente a:
- Constitución: artículos 103 (derechos protegidos) y 107 (reglas de procedencia, suspensión y sentencias).
- Ley de Amparo: artículos 5 (interés jurídico/legítimo); 61 (improcedencia); 128–147 (suspensión) y, 192–193 (cumplimiento de sentencias).
Se reducen las posibilidades de acceso, se debilita la suspensión y se abre la puerta para que las autoridades aleguen “imposibilidades jurídicas o materiales” para no cumplir sentencias.
Los costos intocables
Un tema que no se toca son los edictos en el Diario Oficial de la Federación. Publicar uno cuesta de 15 a 20 mil pesos por día, un gasto excesivo que supera en muchos casos el monto de una fianza. Estos ingresos son seguros para el gobierno y, por eso, permanecen intocables.
¿Quién impulsa realmente la reforma?
La presidenta de México es científica, no abogada. No ha litigado ni tiene experiencia en tribunales. Este rediseño del amparo no surge de su práctica personal, sino de un equipo jurídico alineado con intereses ideológicos y fiscales. El objetivo es claro: asegurar que los proyectos y las finanzas del Estado no sean detenidos ni cuestionados.
Eso plantea una pregunta inevitable: ¿para qué servirá el Poder Judicial de la Federación en el futuro? Si los ciudadanos pierden acceso al amparo, los tribunales federales dejarán de ser un escudo frente al poder y se convertirán en un aparato limitado a validar prioridades gubernamentales, sin ser un contrapeso real ni una garantía del Estado de derecho.
Comparación internacional
- En Estados Unidos, un ciudadano puede frenar al gobierno con medidas cautelares inmediatas.
- En Europa, los tribunales constitucionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligan a los Estados a cumplir.
- En India, cualquier persona puede acudir directamente a la Corte Suprema para defender sus derechos.
México tenía un amparo más amplio que todos ellos. Reducirlo sin ofrecer tribunales locales eficaces es un retroceso mayor.
Morelos tenía razón
José María Morelos y Pavón lo escribió en 1813:
“Todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda del fuerte y del arbitrario."
Esa esencia está en riesgo. El amparo no es un lujo: es la última defensa del ciudadano frente al poderoso. Si se debilita, México retrocede en derechos y certeza jurídica.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.