En este Día Internacional de la Mujer, el 8M, es pertinente y oportuno hacer notar que la Constitución del país y de las entidades federativas han estado mutando en el sentido enunciado en el título de este texto.
Desde hace 15 an̈os, próximos a cumplirse en junio, por cierto, la reforma en materia de derechos humanos y justicia cambió el modelo normativo y las prácticas para reconocer y reforzar a partir del artículo 1o de la Constitución federal las garantías de los derechos y proteger lo más y mejor posible la dignidad humana.
Desde hace 7 an̈os, el sesgo individualista y patriarcal de aquel modelo ha sido complementado con los derechos de género en el artículo 4o federal y en múltiples disposiciones legislativas, normatividad administrativa y criterios judiciales con el propósito de asegurar la igualdad real entre mujeres y hombres, realidad en la que persisten brechas económicas, sociales, políticas o culturales que no terminamos de cerrar.
Al mismo tiempo, en an̈os recientes ha resurgido el constitucionalismo social y popular que justifica y guía desde el artículo 4o y otros más de la Constitución federal la póliza jurídica para que todas las personas gocen del mínimo vital y nadie se quede sin ingresos, alimento, vestido, vivienda, salud o educación.
La Constitución también ha mutado en sentido democrático pues, más allá de los procesos electorales típicos para elegir representantes a los poderes legislativo o ejecutivos, hemos comenzado a ensayar con base en su artículo 35 y otros con las consultas ciudadanas, incluida la sensible y muy contextual mexicanizada revocación de mandato, hasta el extremo de la elección popular de la judicatura.
Más aún, la visión de que todas las culturas gozan de igual valor y que las culturas indígenas y afrodescendientes deben ser reivindicadas y liberadas de los yugos que las limitan está ya impresa en el nuevo artículo 2o constitucional y hace crecer un movimiento vigoroso para su descolonización y dignificación en muchos sentidos.
La sinergia entre esas cinco vertientes constitucionales resulta clave para incrementar la calidad de la vida pública de las y los mexicanos y habitantes de nuestro país.
En un contexto tan dinámico, complejo y cambiante como.el que vive la Humanidad y la mexicanidad, en medio de tantos y tan grandes retos procedentes de la creciente informalidad, ilegalidad y criminalización de los mundos de la vida cotidiana en que transcurren nuestras coexistencias, bien haremos en continuar fortaleciendo y realizando en los hechos esos nuevos patrimonios jurídicos.
El papel de los poderes y las instituciones públicas junto con la voluntad y corresponsabilidad popular y ciudadana, en particular de los liderazgos sociales y políticos de las mujeres, es clave para concretar dicha sinergia emancipadora.