La Constitución mexicana garantiza —sin ambigüedades— la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de manifestación. Estos derechos humanos, piedra angular de cualquier democracia, se ejercieron plenamente en la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México y en la segunda convocatoria (con mínima participación) del 20 de noviembre.
El país presenció un operativo de respeto irrestricto al derecho a manifestarse, aun cuando, históricamente, las movilizaciones habían sido aprovechadas por grupos violentos que actuaban bajo la sombra de la impunidad. Esta vez, el mensaje fue claro: sí hay libertad para manifestarse, pero ya no hay libertad para destruir.
Sin embargo, lo que sí queda en duda —y es necesario analizar con seriedad— es la legitimidad narrativa y política detrás de la llamada marcha Generación Z.
México observó una paradoja difícil de ignorar: una movilización presentada nacional e internacionalmente como una rebelión generacional de jóvenes inconformes, pero donde la presencia predominante fue de personas adultas y figuras recurrentemente asociadas con partidos de oposición.
La incongruencia no sería relevante si no fuera porque la identidad del movimiento se anunció como “apartidista”, “orgánica” y “juvenil”.
La controversia escaló cuando una de las principales voces convocantes fue cuestionada públicamente por tener un contrato anual de servicios con un partido político, encargado de estrategias digitales. El hecho contrasta con la narrativa personal de independencia partidista y alimenta la hipótesis de que la identidad de la juventud mexicana fue instrumentalizada como envoltorio político.
En palabras claras: ¿fue realmente una manifestación de jóvenes… o una operación política presentada como tal?
El espejismo de las “52 marchas simultáneas”
Medios nacionales e internacionales difundieron, casi al unísono, un dato no verificado: marchas simultáneas en 52 ciudades de México.
Quienes vivimos en México solo vimos una marcha significativa: la de la Ciudad de México.
En el resto del país, no existieron registros, transmisiones, fotografías ni evidencia que sustentara una movilización nacional de tal magnitud.
La prensa, aparentemente atendiendo un boletín conjunto, replicó la información sin contrastarla con la realidad en las calles.
Esto no es menor: cuando los medios amplifican datos no verificados, contribuyen involuntariamente a fabricar narrativas políticas artificiales.
Inteligencia Artifical (IA), videos alterados y la guerra digital por la percepción
En redes sociales circuló una ola de videos, imágenes y audios con clara manipulación digital. Algunos fueron generados o alterados por Inteligencia Artificial, otros simplemente editados para magnificar la asistencia o distorsionar hechos ocurridos.
El resultado fue un ecosistema informativo confuso y fragmentado, donde la línea entre realidad y ficción se volvió prácticamente imperceptible.
Este fenómeno vulnera un derecho emergente y urgente: “el derecho a la verdad digital”.
El derecho de la sociedad a no ser manipulada con información falsa, deepfakes, campañas de ingeniería social o narrativas infladas por algoritmos y bots.
México aún no ha legislado este tema, pero el vacío ya está teniendo consecuencias concretas:
- Se distorsiona la opinión pública.
- Se siembra descontento con datos falsos.
- Se artificializa la percepción social.
- Se normaliza la manipulación psicológica digital.
Estamos, quizá sin asumirlo aún, ante una nueva forma de violencia política-digital.
Claudia Sheinbaum: una presidenta que garantiza derechos… y restablece límites
La reacción del gobierno federal frente a estas marchas fue contundente en su respeto a los derechos humanos. La presidenta Claudia Sheinbaum, primera mujer en gobernar México, demostró que es posible:
- Garantizar la libre manifestación.
- Permitir la crítica.
- Respetar la diversidad de ideas.
- Proteger el orden público.
- Impedir actos vandálicos.
- Sancionar la violencia.
Esto conecta con una demanda histórica de la población: poner fin a la impunidad de grupos violentos disfrazados de activistas.El mensaje implícito fue claro: una mujer también encarna autoridad, orden y Estado de derecho.
Al mismo tiempo, en el plano internacional, la presidenta ha mostrado capacidad para defender la soberanía económica de México, especialmente ante el escenario arancelario temporal impuesto por Donald Trump. Esto ha fortalecido su imagen dentro y fuera del país.
Al debate jurídico: la manipulación informativa
Aunque se ha hablado mucho sobre: quién marchó, cuánto marchó, por qué marchó, y qué exigió, casi nada se ha dicho sobre algo fundamental: el abuso sistemático de información falsa en redes, medios digitales e internet.
Si queremos fortalecer la democracia mexicana, es insuficiente regular marchas, rutas o permisos. Necesitamos regular la verdad digital, proteger a la ciudadanía y sancionar:
- Campañas digitales basadas en falsedades.
- Deepfakes que manipulan emociones.
- Convocatorias infladas con bots.
- La suplantación intencional de identidad política.
- La utilización de IA para engañar a la población.
El “derecho a saber” —Right to Know— se vuelve inseparable del derecho a vivir en un ecosistema digital íntegro.
Conclusión: México necesita proteger su democracia también en el terreno digital
La llamada marcha Generación Z abre una conversación más profunda que la simple evaluación de su convocatoria: expone una grieta peligrosa entre la libertad de manifestación y la manipulación digital de la opinión pública.
En un país donde la protesta es una herramienta esencial para visibilizar demandas legítimas —sobre todo, de sectores jóvenes—, el riesgo surge cuando actores políticos, económicos o incluso privados utilizan estrategias digitales para inflar convocatorias, fabricar consensos o distorsionar percepciones sociales.
La manipulación de la opinión pública encuentra su límite precisamente allí: en el punto en que deja de ser expresión ciudadana espontánea y se convierte en ingeniería de percepción, diseñada para orientar emociones, indignación o movilización hacia fines no transparentados. Ese límite debe ser reconocido y regulado, no para censurar la protesta ni condicionar la participación política, sino para proteger la autenticidad del espacio público digital.
Regular no significa imponer mordazas, sino garantizar transparencia: saber quién financia campañas, quién paga estrategias digitales, cuándo un mensaje es orgánico y cuándo es parte de una operación política profesionalizada. En la era de algoritmos opacos, videos virales y campañas de microsegmentación, esta distinción ya no es evidente para la ciudadanía. Por eso, defender la libertad de manifestación implica también construir salvaguardas para que esa libertad no sea utilizada, involuntariamente, como vehículo de manipulación.
La discusión social que ha abierto la llamada marcha Generación Z en México nos obliga a preguntarnos cómo asegurar que la organización digital sea un instrumento de empoderamiento social, y no un mecanismo para intervenir emocionalmente a millones mediante narrativas dirigidas. Solo con reglas claras, transparencia obligatoria y alfabetización mediática masiva se podrá preservar el valor democrático de la protesta sin que sea cooptada por intereses ocultos.
Las libertades constitucionales están protegidas. Lo que no está protegido —y ya urge atender— es el derecho de la sociedad a la verdad.
La democracia mexicana no puede permitir que el debate público sea moldeado por:
- Identidades suplantadas.
- Campañas orquestadas.
- IA generativa sin regulación.
- Deepfakes políticos.
- Medios que replican información no verificada.
La nueva frontera de la democracia no está en las calles: está en las plataformas digitales que moldean lo que la gente cree, piensa y siente.
México necesita avanzar hacia un marco legal que garantice el derecho a la verdad digital, sancione la manipulación informativa y proteja a la ciudadanía de la violencia política-digital del siglo XXI.
Porque sin verdad, no hay libertad. Y sin libertad, no hay democracia.