La semana dio inicio con una buena noticia económica: la tasa de inflación en septiembre se situó en 4.45%, la más baja desde febrero de 2021. La tendencia decreciente continúa y es más baja en 4.25 puntos porcentuales a la observada en septiembre de 2022, cuando la tasa inflacionaria se situaba en 8.70%.

Septiembre ha sido un buen mes en términos de los anuncios económicos para México. La otra variable macroeconómica que interesa, la tasa de crecimiento económico también ha superado las expectativas iniciales de los organismos y entidades nacionales e internacionales. Ahora casi todos auguran que en 2023 esta tasa será superior a 3% y estiman para el próximo año un crecimiento económico mayor a 2%. Los pronósticos han aumentado notablemente, porque inicialmente las proyecciones eran poco optimistas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en octubre de 2022 proyectaba una tasa de crecimiento para 2023 de 1.2% y ahora la estima en 3.2%. En enero de 2023 su proyección de crecimiento económico para 2024 era de 1.6% y actualmente es de 2.1%.

Fuente: SHCP y diferentes notas
Fuente: SHCP y diferentes notas

Se destacan, además, tres aspectos sobre el comportamiento de la economía mexicana: 1) que crecerá por arriba de la media latinoamericana (OCDE); 2) que crecerá a un ritmo superior al de la economía norteamericana por cuarto año consecutivo (El Financiero) y 3) que la tasa de crecimiento superará al promedio del G-20, grupo que está integrado por las 20 principales economías desarrolladas y emergentes del mundo (declaración de Raquel Buenrostro).

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Las cifras conjugan el mejor desempeño posible de cualquier economía, es decir, más crecimiento con menor inflación. Sin embargo, el debate económico no ceja. Se cuestiona sobre el presupuesto presentado para 2024 por la SHCP en donde se prevé un déficit en el balance primario de 1.2% del PIB (alrededor de 410 mil millones de pesos); lo que conlleva a que los Requerimientos Financieros del Sector Público se amplíen de 3.9% del PIB en 2023 a 5.4% en 2024; en tanto que la deuda pública aumentará de 46.5% del PIB a 48.8% para los mismos años de referencia. Aun con estos datos, el Paquete Económico para 2024 anuncia como meta una tasa inflacionaria de 3.8%, que sería menor en 0.65 puntos porcentuales a la observada en septiembre de 2023 y que se ubicaría dentro del rango objetivo del Banco de México.

Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, hizo especial énfasis que durante la administración del presidente López Obrador se han roto importantes mantras, entre ellos la idea que se tenía de que el incremento de los salarios sube la inflación. En el diagnóstico de la SHCP, sin duda, se considera que el gasto público tiene un efecto revulsivo en el crecimiento económico, sin que ello signifique necesariamente que se amplíen las presiones inflacionarias.

Frente a esta opinión, existe el paradigma de que para obtener mejores resultados en términos inflacionarios se requiere de una política fiscal restrictiva, la que estaría acorde con la política monetaria severamente contractiva del Banco de México. Bajo esta perspectiva, incluso, se critica la prudencia que ha tenido el banco central, quien no ha cuestionado la política expansiva del gobierno federal, tal como se observa en el título de la siguiente columna editorial: ¿Por qué el Banxico no dice nada del gasto público en el sexto año? (El Economista, Luis Miguel González).

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Tal vez para contestar esta pregunta sería indispensable referirse a los argumentos coincidentes de los organismos financieros nacionales e internacionales, que les sirve para explicar el inusitado comportamiento positivo de la economía mexicana. Cierto, todos coinciden como puntos favorables en dos hechos que parecen incuestionables: 1) que no se ha desacelerado en los niveles previstos la economía norteamericana, nuestro principal socio comercial y 2) que ha habido un proceso de relocalización de las inversiones de las empresas transnacionales que han beneficiado a México (el llamado nearshoring); pero añaden otros factores internos que resultan interesantes:

  • La demanda y el consumo resilientes impulsados por el mejoramiento del empleo, los salarios y la masa salarial. En efecto, la tasa de desempleo se mantiene en niveles mínimos, en 2.8 o 2.9% de la Población Económica Activa (PEA); en tanto que el salario medio de cotizaciones en este último año presenta un incremento anual cercano a 11% y la masa salarial registra un aumento próximo a 8%, tasas no observadas desde 2001.
  • La inversión creciente favorecida por la inversión pública en infraestructura y el rápido crecimiento de los componentes de maquinaria y equipos importados. El efecto multiplicador es fehaciente, más si se observa que ahora la Formación Bruta de Capital Fija representa alrededor de 25% del PIB, una meta histórica y deseable y en donde, desde luego, se combina los esfuerzos y las iniciativas de los sectores público y privado.
  • El paquete fiscal expansivo para 2024 que no redundará en desequilibrios significativos, sobre todo, si se toma en cuenta la relación deuda a PIB, aun cuando hay que reconocer que aumentará la presión fiscal para los próximos años.

Lo interesante es que el descenso inflacionario observado desde septiembre de 2022 se ha dado en un escenario inédito de crecimiento de la demanda interna; es decir, no se ha cumplido el paradigma de su inevitable contracción para reducir las presiones sobre el índice general de precios. ¿Quién podría bajo este contexto asegurar que es necesario reducir el gasto y la inversión pública para llevar a la inflación a la tasa objetivo de 3% que establece como meta el Banco de México?

La razón técnica del banco central es que no puede disminuir la tasa de referencia de 11.25% porque la inflación subyacente se mantiene en un nivel alto. Esto podría ser cierto, lo que es indudable es que las tasas de interés han elevado el costo financiero de la deuda pública a niveles significativos. Hasta agosto del presente ejercicio fiscal por intereses, comisiones y gasto se han erogado 608 mil 503 millones de pesos. Esto hace daño porque con el pago inevitable de intereses se reduce el espacio fiscal, siendo este un elemento clave para mantener finanzas sanas, más si adopta una estrategia expansiva del gasto.

Tal vez alguien esperaba que la política monetaria contractiva obligaría a reducir en forma significativa el gasto público, al ocasionar un aumento en el gasto inevitable por intereses y reducir el espacio fiscal. No ha sido así, las autoridades hacendarias han decidido romper el paradigma; es decir, conciben que se puede crecer con menor inflación sin reducir la participación del gasto público y recurriendo a una mayor deuda pública. Los resultados se verán en 2024, por lo pronto, la decisión está tomada.