El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es una de las instituciones académicas más reconocidas del país en la formación de especialistas, servidores públicos y analistas de políticas públicas. Durante décadas ha contribuido a entender mejor los problemas nacionales y a construir soluciones desde la evidencia y el conocimiento. Cuando surge información sobre la asignación de plazas académicas y su uso en tareas administrativas, la conversación rebasa lo institucional y se vuelve un tema de interés público: lo que está en juego es la fortaleza de una institución clave para la educación superior y la investigación en México.
En ese contexto, una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación señaló que un porcentaje relevante de plazas académicas previstas para labores de docencia e investigación fue destinado a tareas administrativas dentro del propio CIDE. Más allá del dato puntual, el tema abrió una discusión más amplia sobre la importancia de mantener la vocación académica en el centro de este tipo de instituciones.
Hay decisiones que, aunque parezcan administrativas, terminan marcando el rumbo de un país por décadas. La educación es una de ellas, y cuando se abre el debate sobre cómo se utilizan las plazas académicas, lo importante no es señalar ni descalificar, sino recordar que detrás de esos procesos está el futuro de miles de estudiantes y la calidad de las instituciones que los forman.
Sin duda, ser maestro no es un empleo cualquiera; es una responsabilidad social profunda. Un docente no solo transmite contenidos; forma carácter, despierta curiosidad, construye ciudadanía. En muchas comunidades —sobre todo, donde el Estado llega tarde o llega poco— el maestro es guía, referente y, a veces, la única figura institucional cercana.
Por ello, es fundamental que los espacios académicos mantengan su vocación formativa en el centro. Que las plazas representen oportunidades para enseñar, investigar y construir conocimiento útil para el país. Que la formación docente y la investigación sigan siendo prioridades permanentes.
No se trata de descalificar instituciones ni de politizar lo que debe resolverse con seriedad técnica. Se trata de hacer una pregunta necesaria: ¿cómo fortalecemos a nuestras instituciones educativas para que sigan formando a las mejores personas posibles?
La educación debería ser el lugar donde el mérito y la preparación encuentren espacio para crecer. Donde la capacitación constante sea parte natural del proceso formativo y donde enseñar implique, también, aprender todos los días.
La educación no se transforma solo desde las instituciones; también se transforma desde la comunidad. Desde los padres que se involucran, desde los jóvenes que deciden estudiar para enseñar, desde quienes creen que el conocimiento es la herramienta más poderosa para cambiar realidades.
He visto cómo, en colonias y espacios comunitarios, un buen maestro puede cambiar la historia de un niño. He visto cómo alguien que cree en lo que hace logra que un joven no abandone la escuela, que se atreva a hablar y que se imagine un futuro distinto. Eso no se logra por decreto ni por trámite. Se logra con compromiso.
México necesita seguir apostando por la educación pública y por sus instituciones académicas. Revisar procesos, mejorar lo que sea necesario y fortalecer aquello que ha demostrado servir al país forma parte de la responsabilidad de todos.
Cuando la educación acierta, los beneficios se multiplican por generaciones, y cuando se fortalece una institución académica, se fortalece también la capacidad del país para entenderse y transformarse.
La pregunta no es solo cómo se asignan las plazas. La pregunta de fondo es qué país queremos formar desde el aula. Y esa respuesta no la puede dar una sola institución: la tiene que construir toda la sociedad.