En México estamos viviendo una tragedia institucional que no aparece en los noticiarios de horario estelar ni genera movilizaciones masivas. Pero cada día, cada hora, destruye vidas, contratos, familias, patrimonios y la esperanza básica de que la ley sirva para algo.
El paro laboral en los tribunales de la Ciudad de México ya cumplió más de 30 días sin solución real. Este hecho, que en cualquier país serio habría costado renuncias y reformas inmediatas, aquí se normaliza como si fuera una molestia menor. Pero no lo es: es la prueba de que la justicia mexicana está siendo abandonada en cámara lenta.
Si todo quedara en la inacción local, sería trágico, pero entendible en un contexto de presupuestos limitados y burocracias capturadas. El problema es mucho más profundo:
- Mientras los juzgados están cerrados, los plazos legales corren como si todo funcionara.
- Mientras se pierde el acceso a expedientes y audiencias, nadie asume responsabilidad.- Mientras ciudadanos presentan amparos o denuncias, los tribunales federales —juzgados de distrito y colegiados— desechan o sobreseen recursos con una rigidez y formalismo que raya en la crueldad procesal.
Sí: también los federales se han vuelto parte de este círculo vicioso. A diario se observa cómo se desechan demandas por supuesta improcedencia, se exigen requisitos innecesarios o se prolonga el trámite con resoluciones que llegan cuando ya nada sirve. La justicia federal, que alguna vez fue refugio ante la arbitrariedad local, hoy es un territorio lleno de criterios rígidos y burocracia defensiva.
Y en medio de este panorama, la narrativa oficial repite que todo es parte de una “transformación”, que la justicia estaba corrompida y que hay que “refundarla”. Pero refundar no significa paralizar. Cambiar no significa desertar de las responsabilidades elementales.
Estamos a punto de entrar en una etapa de exclusión judicial: millones de personas quedarán fuera de la justicia simplemente porque el sistema no quiso o no pudo procesar sus casos. Y así se va a pasar el problema a quienes vengan después: nuevas generaciones de jueces que heredarán expedientes podridos de retraso, nuevas familias quebradas por la indefensión, nuevos abogados cansados de predicar en el desierto.
Algunos dirán que exagero. Pero si un mes de inactividad y silencio ya nos parece normal, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Tres meses? ¿Seis? ¿Un año?
El Estado mexicano tiene un deber elemental: juzgar en tiempo y forma. Garantizar que los derechos tengan efecto real. Si no lo hace, no se trata de una crisis pasajera: es el comienzo de un vacío que después será imposible de llenar.
Queda en cada ciudadano, en cada litigante y en cada organización decidir si vamos a aceptar este colapso como la nueva normalidad o si vamos a levantar la voz mientras aún hay algo que salvar.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR | PROMETEO
Banquero a nivel directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx