Comentamos en nuestra entrega anterior la ofensiva en despliegue que la alianza de la derecha transnacional (nacional e internacional) va gradualmente concretándose en México con un doble propósito estratégico: construir los argumentos y procesos necesarios para objetar la constitucionalidad de la elección del próximo 2 de junio en México, solicitar a la SCJN la a anulación del proceso y la reposición del proceso con los lineamientos legales que marca la Constitución Política de los mexicanos; y detener así y luego revertir, el proceso de transformación nacional, la 4T-4R, antes de su avance sea irreversible en el mediano plazo.

El instrumento seleccionado lo mencionó el presidente AMLO, y es acorde a lo antes dicho: un “golpe de Estado técnico”, cuya tipificación está dentro de lo que otros analistas e historiadores llaman “golpes de Estado incruentos”, para diferenciarlos de las rebeliones militares violentas (modelo clásico) que quebrantan por esa vía el orden constitucional y deponen por la vía fáctica al jefe de Estado, concretando un reemplazo en el poder y un cambio de régimen.

Hemos propuesto tres ejes centrales de denuncia, resistencia y contrataque: una ofensiva diplomática amplia hacia la Unión Europea, una invitación a los observadores de la ONU, y una ofensiva política interna con mesas de diálogo con las organizaciones convocantes de las marchas anteriores, y si es posible, signar compromisos, en un contexto de ofensiva informativa en redes sociales con fichas de información por sectores, seguridad, política, social, de salud, educativa, macroeconomía, combate a la corrupción, y un programa de movilizaciones, todo ello comandado desde el “war room” de la Dra. Claudia Sheinbaum.

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Son muchos y diversos los signos, acciones, declaraciones y hechos que indican que el plan está en fase de instrumentación, y articulado con ello, las expresiones que desde el exterior se manifiestan preocupados por la gran presencia del crimen transnacional organizado (¿apenas lo están descubriendo?) que puede apoderarse del proceso electoral y determinar su resultado. Si van a votar aproximadamente 50 millones de mexicanos (el padrón es de casi el doble), ¿tendrán las estructuras criminales una base de 10 o 15 millones de simpatizantes bajo su influencia para definir el resultado? Y ¿estarán de acuerdo las decenas de organizaciones del crimen sobre quién debe ser la candidata triunfadora? ¿Podrán movilizar una fuerza de tal magnitud? ¿Qué compromisos pedirán? Absurdo.

Es una falacia y una burda patraña, un señuelo para que lo asuma el más ingenuo. Y no es que la presencia de tales estructuras no sea de peso en la vida nacional, incluso en la economía criminal, pero no tienen esa capacidad de ninguna manera. Se ven mucho más peligrosos por medio de sus habilidades para introducirse en los equipos de campaña e incorporar a ellas grandes cantidades de dinero de origen ilícito que les permitan generar compromisos en favor de sus causas criminales. O bien, mediante violencia selectiva, o insurgencia criminal el día de la elección. Por la vía de la votación es absurdo considerarlo siquiera como probabilidad. No es una elección municipal o estatal, es federal, de decenas de millones de votos.

Por ello, afirmamos que insinuar su presencia determinante bajo ese supuesto, es una vil coartada orientada a infundir y sembrar temor entre la población y provocar una escasa asistencia a las urnas, deslegitimando así el triunfo de Morena y su candidata la Dra. Claudia Sheinbaum, o bien, obtener otros medios de impugnación del proceso y el resultado para que sus aliados en el poder judicial, anulen todo ello, abriendo un periodo de transición hacia otro proceso de elección luego del tiempo constitucional estipulado, un año, con un presidente interino que lo convoque, consumando así, un “golpe de estado conspirativo o blando”.

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Los casos en América Latina son diversos: Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, además de intentos fallidos en Ecuador (la policía nacional tomó prisionero al presidente, lo rescató el ejército y restauró la legalidad), Venezuela (primero se ensayó un “golpe cruento” contra Hugo Chávez, y luego un “golpe suave” contra Nicolás Maduro, ambos fracasaron) y en Nicaragua (se organizó una insurgencia social contra el gobierno acompañada de una gran campaña mediática de condena y denuncia, también se le acusó de defraudar en el proceso electoral que lo reeligió, todo con intervención de la USAID, con dinero extranjero).

En todos los casos, con variantes respecto al modelo probable a aplicarse pretendidamente en México, pero tales “golpes incruentos” en las experiencias exitosas mencionadas, de cualquier manera, consumaron su objetivo: la destitución del jefe de Estado con amplia cobertura jurídica a modo (sentencias de jueces y magistrados) que les proporciona el poder judicial, les da la apariencia de un proceso constitucional inobjetable, cuando es un proceso amañado, como lo demostró la sentencia de un magistrado a Lula Da Silvia, y otro, luego de apelación de sus abogados y presentación de nuevas pruebas de descargo, la calificó de incorrectamente infundada, emitió nueva sentencia y liberaron al ex presidente, pero el daño ya había sido brutalmente causado: estuvo varios años en prisión, se le marginó del proceso de elección presidencial cuyas tendencias lo favorecían, y permitió el triunfo (entre otras razones, porque muchos brasileños se convencieron de que su ex presidente era culpable de las acusaciones de sobornos y corrupción), de un candidato de la derecha conservadora y militarista, Jair Bolsonaro. Luego se quedaron atónitos cuando lo liberaron y se exhibió toda la maquinación judicial en su contra, y se exhibió también que la “justicia brasileña” se politizó y se corrompió. Volvieron a darle su confianza y lo eligieron nuevamente presidente de Brasil.

Ahora bien: el grave problema del poder redimensionado del crimen transnacional organizado, que se agita por todas las fuerza en la disputa por el poder, el cual se expandió desmesuradamente, con especial énfasis, durante el gobierno de Felipe Calderón (en otra ocasión lo demostraremos con datos) al alcanzar la formación de sólidas alianzas en el primer círculo de poder propio del jefe de Estado, mediante la estructuración de una red de corrupción y captura del Estado, ha sido asociado, o bien, utilizado, por las fuerzas conservadoras para dañar a movimientos y partidos del progresismo o de la izquierda regional, o para tener en sus manos el destino de un gobierno, como fue el caso de Ernesto Samper Pizano en Colombia. Y a menudo, con la complicidad de organismos de seguridad e inteligencia extranjeros.

¿Cómo? Filtrando dinero en las campañas presidenciales (o estatales, en México el líder de los caballeros templarios, Servando Gómez, “La Tuta”, narró su relación de complicidad con la hermana de Felipe Calderón, y sentenció “allí están los videos”), guardar las evidencias y extorsionar políticamente a los sujetos del apoyo económico, lo hayan o no conocido y aceptado. Con esta modalidad se debe tener mucho cuidado. Es el más importante riesgo de infiltración criminal. Pero hablar de “factor determinante” con votos, es una vil patraña, es una coartada para usarlo como señuelo en un proceso de “golpe conspirativo” o “golpe de Estado técnico”, como dice el presidente AMLO.