La crisis de la justicia en los estados no es un mito ni una consigna de coyuntura. Es, ante todo, un problema de diseño institucional que hemos normalizado en México. Los poderes judiciales locales sostienen más del 60% de los conflictos del país, pero operan bajo un esquema que los mantiene financieramente dependientes, políticamente vulnerables y estructuralmente expuestos a la captura. No se les dota de fortaleza para impartir justicia; se les obliga a sobrevivir administrando su propia fragilidad.
En ese contexto, un fallo de condena —aunque ejemplar— no remienda el tejido fracturado. La reciente sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón es, sin duda, un paso histórico. Después de más de tres años de juicios y recursos, un tribunal poblano impuso la pena máxima por este crimen que conmocionó al país y puso sobre la mesa graves fallas del sistema de justicia estatal.
“Le hemos hecho justicia a mi hermana”, declaró emocionada Helena Monzón, hermana de Cecilia, al salir de la audiencia en la que se anunció la condena. “Espero que esta sentencia siente un precedente en Puebla y en México para ayudar a las familias de otras víctimas pero, sobre todo, para que ningún otro hombre piense hacerle daño a una mujer”, agregó, subrayando que este logro no fue un regalo institucional, sino el resultado de una lucha constante frente a un aparato que suele dilatar y obstaculizar.
Su madre, Cecilia Pérez, lejos de minimizar la dimensión del fallo, lo resumió con la crudeza de quien ha vivido el duelo y la resistencia: “Lo fácil hubiera sido irme con las cenizas de mi hija, pero decidimos luchar”.
Ese fallo, celebrado por familiares y colectivos feministas, se sustenta en la aplicación de perspectiva de género y en la exposición pública de un caso que combinó violencia vicaria, violencia familiar y feminicidio. Pero no altera la realidad: es una excepción a la que debemos aferrarnos como idea de justicia, como emblema de insistencia y como símbolo de presión social. Cuando el diseño institucional es tan débil que la justicia depende tanto del activismo social, de la indignación pública y del escrutinio mediático, cada fallo así se convierte en una anomalía que hay que celebrar, sí, pero también en un recordatorio de lo que debería ser la norma: justicia pronta, imparcial y sin atajos.
La normalidad, lamentablemente, es otra. Presupuestos castigados como arma política, nombramientos judiciales sujetos a negociaciones mezquinas, órganos de control internos subordinados al poder que deberían vigilar. En ese sistema, una sentencia ejemplar se parece más a un acto de resistencia que a la materialización de un Estado de derecho robusto.
Si realmente queremos corregir el rumbo, las reformas indispensables no son abstractas ni inalcanzables. Son claras, concretas y exigibles. Primero, un presupuesto judicial suficiente y no regresivo, con un piso constitucional mínimo que impida recortes arbitrarios usados como castigo político. La autonomía sin recursos no es autonomía; es una coartada.
Segundo, reglas constitucionales que obliguen a consultar y justificar cualquier modificación presupuestal de los tribunales por parte de los congresos locales. Decidir sobre la viabilidad financiera de la justicia no puede ser un acto de revancha ni cálculo electoral.
Tercero, prohibiciones claras y estrictas de conflicto de interés para quienes aspiren a magistraturas y juzgados. No podemos hablar de imparcialidad cuando las trayectorias profesionales están marcadas por lealtades políticas recientes o compromisos partidistas vigentes.
Cuarto, contralorías judiciales verdaderamente autónomas: no apéndices administrativos ni órganos decorativos, sino instancias con independencia real del poder que deben vigilar.
Quinto, políticas anticorrupción internas obligatorias, coordinadas con los sistemas estatales, que incluyan incentivos, sanciones y mecanismos de evaluación efectivos.
Y, finalmente, transparencia, participación ciudadana e impugnación efectiva en los procesos de nombramiento y gobierno judicial. La justicia no puede seguir siendo un espacio cerrado, ajeno al escrutinio público, protegido por un lenguaje técnico que excluye.
La justicia local no puede depender de excepciones llevadas por el viento del activismo social. Cada sentencia como la del caso Monzón debe recordarnos que la justicia no se mide por actos heroicos, sino por sistemas que no permitan que la excepción sea lo extraordinario. Solo así podremos decir que no solo celebramos historias aisladas de justicia, sino que hemos cambiado el diseño para que la justicia esté, verdaderamente, al alcance de todas y todos.
Que la justicia para una sea para todas, que Cecilia sepa que ni un momento se dejó de luchar. Que su bebé crezca protegido por el amor que Helena emana, así como por los cuidados de su abuelita, que lo ama. Que las denuncias sean tomadas en cuenta y en este 2026 comience la muerte del pacto patriarcal.