La corrupción es el principal problema que se percibe en México, señalan los diferentes estudios de opinión. No hay duda. Y para Santiago Nieto Castillo, en la mayoría de los casos la corrupción inicia en las elecciones. Así lo señala en su libro “Sin filias ni fobias. Memorias de un Fiscal Incómodo”. Afirmación que Jaime Cárdenas Gracias exconsejero del IFE y ex Director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, destaca en el prólogo (p.16).
“Los acuerdos de partidos y candidatos con empresarios, grupos de interés e incluso organizaciones delincuenciales, para financiar campañas, generan compromisos profundos, que terminan convirtiéndose en actos indebidos al iniciar los gobiernos. Esto también es corrupción”, afirma quien fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en tiempos de Enrique Peña Nieto (p.21).
Viene a cuento lo anterior, no para explorar qué tanto aplica en los casos de los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel, Ángel Aguirre Rivero y Rubén Rocha Moya, señalados por su relación con grupos criminales, sino para destacar la importancia de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para introducir en el marco jurídico mexicano la integridad en materia electoral.
Que rechazaron el PAN, PRI, MC, PT y el PVEM, cuando en el primer intento, la presidenta propuso al Congreso de la Unión, que la integridad quedara incluida en el artículo 41 constitucional. La iniciativa la presentó en la Cámara de Diputados el 4 de marzo pasado y fue desechada una semana después, al no lograr la mayoría calificada.
La presidenta insistió en el tema. Ahora por la vía de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reglamenta el 41 constitucional. La presentó el 21 de mayo y se aprobó una semana más tarde. Esta vez, el PT y PVEM se alinearon con Morena votaron a favor.
Pero nuevamente el PAN, PRI y MC votaron en contra de que la integridad fuera un principio regulador de la competencia electoral. Los partidos que presiden, Jorge Romero Herrera, el impresentable Alito Moreno Cárdenas y el viejo lobo de mar, Dante Delgado Rannauro, rechazaron una iniciativa que a todas luces es necesaria, para evitar que el crimen organizado no meta dinero a las campañas ni tenga representantes populares coludidos. Lo que equivale a favorecer la narcocracia a nivel subnacional.
La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 2 de junio, con un mandato para el Instituto Nacional Electoral. El segundo artículo transitorio dispuso que, antes de iniciar el proceso electoral 2026-2027, que arranca la primera semana de septiembre próximo, deberá quedar instalada y funcionando la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
Mandato que el INE cumplió en la sesión celebrada el pasado 30 de julio. La Comisión tendrá el carácter de permanente y será presidida por el consejero, Arturo Chávez López. La integran también Norma Irene De La Cruz Magaña Integrante y Uuc-kib Espadas Ancona.
Puesto que, en el cumplimiento de su misión, la Comisión estará solicitando información a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al Centro Nacional de Inteligencia, el INE consideró que, a diferencia de su presencia en otras comisiones, en esta no participarán las representaciones partidistas y del Poder Legislativo. Se trata de salvaguardar la reserva y confidencialidad de los datos que se manejen.
Asimismo, por las diferentes instancias con las que esta Comisión entrará en contacto, la Secretaría Técnica quedará en manos de la Secretaría Ejecutiva del INE, a través de la persona Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Reflejando las visiones distintas que existen en el Consejo General, el acuerdo no alcanzó la unanimidad al momento de votarlo.
Va un apunte final. La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de quienes pretendan postular a un cargo de elección popular, federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral. El objetivo es que, en coordinación con las instancias en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, el INE realice un análisis de riesgo de sus perfiles.
Pero resulta que la solicitud de verificación de perfiles será voluntaria, no una obligación. Quedará al libre albedrío de los partidos solicitar la revisión de sus candidaturas. Además, con base en el análisis de riesgo que reciban, los partidos decidirán si registran o no a las personas que fueron evaluadas como candidatas a un cargo de elección popular.
Es decir, la efectividad de la Comisión encargada de verificar la integridad de las candidaturas federales y locales, quedará sujeta a la voluntad política de los partidos. Anticipando que, por lo menos el PAN, PRI, MC y Somos México, representantes de la derecha mexicana, no solicitarán la revisión.
Ya veremos qué es el compromiso de los partidos políticos con mejorar la calidad de nuestra democracia. Qué tanto aprovechan a la Comisión del INE para cribar sus candidaturas. Y, en consecuencia, qué tanta es la voluntad para aprovechar la reforma presidencial, para cerrarle el paso a la narcocracia a partir de la elección de 2027. Recordando que el buen juez por su casa empieza.