Al menos nueve compromisos para atender el problema de las desapariciones y la identificación de cuerpos fueron contraídos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo durante su primer año de gobierno; sin embargo, al cumplir su administración tres años, las promesas han quedado sólo en el papel, siendo que no sólo ha faltado en su empeño sino que ahora desconoce la problemática y desoye a quienes claman por el apoyo prometido.

Y es que, con más de 95 mil personas desaparecidas y decenas de miles de cuerpos sin identificar en los servicios forenses, el gobierno federal hace oídos sordos a los colectivos y organismos ciudadanos a los que antes hizo promesas.

AMLO se impuso como meta constituir 32 comisiones locales; también propuso construir cinco institutos regionales de identificación forense. De igual forma, se anunció la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense. Las autoridades también dijeron que aceptarían la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que visitara el país, y recién se concretó en noviembre pasado.

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Se habló sobre la creación de 15 panteones forenses; una base de datos genéticos a nivel nacional y una ley de identificación humana.

Otra medida consistía en reforzar con personal a los Semefos del país.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue quien dio a conocer estos compromisos en dos momentos diferentes: el primero, el 24 de marzo de 2019 en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y, después, el 30 de agosto del mismo año.

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El subsecretario de Derechos Humanos, también anunció en su momento que existía la disposición de la Comisión Nacional, con 200 personas de la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la disponibilidad de recursos, para localizar a los desaparecidos, bajo el principio rector de la administración federal de encontrar a las personas con vida.

Pero el tema no ha avanzado; no hay acciones concretas ni cambios reales ni acordes a la emergencia, y así lo perciben los familiares de las víctimas.

Ante ello, 15 colectivos de búsqueda llevaron el lunes montículos de tierra hasta el Zócalo de la Ciudad de México en los que colocaron imágenes de sus seres queridos mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.

“Si Andrés Manuel López Obrador no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores (partidos) o Gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos. queremos abrazarlos”, expresaron representantes de “Hasta encontrarte” en un pronunciamiento.

Los desaparecidos son nuestros desaparecidos, pero también del presidente y no deben repartirse en administraciones ni gestionar la verdad desde su política de militarización”, cuestionaron los activistas de “Hasta encontrarte”.

De acuerdo con medios de comunicación, entre los manifestantes había cerca de 90 personas que procedían principalmente de Guanajuato, estado que lidera los homicidios a nivel nacional.

“Salió a recibirnos alguien de Atención Ciudadana de una manera agresiva, déspota e indolente; no tuvimos la respuesta que esperábamos, que era formar un puente de diálogo con el gobierno federal. Estuvimos ahí, gritamos nuestras consignas, desenterramos la verdad, le llevamos las fosas a Palacio Nacional; queríamos reclamarle las mentiras que dice en sus mañaneras de que la violencia ha bajado, porque en Guanajuato tenemos otra realidad”, comentó Bibiana Mendoza, activista.

Otro tema que querían tocar con el presidente es el de la militarización, ya que aseguran que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional están coludidos con los delincuentes, y están cansadas de encontrar a sus familiares en fosas clandestinas. El problema es que hoy en día, el asunto de las desapariciones forzadas no está en la agenda del presidente.

El informe 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoce que “el país enfrenta un problema estructural, en cuanto a desaparición de personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país. Aunado a lo anterior, los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta. La situación se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas, ni tampoco una base de datos sólida en funcionamiento en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta situación en México.

Ante tal contexto, en el marco del artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que reconoce el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre “…las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”, así como del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo al caso Radilla Pacheco, dirigido al Estado mexicano sobre el derecho de familiares de las víctimas de desaparición a “participar plenamente en las investigaciones” y persistir en éstas “hasta que se encuentre a la persona privada de libertad o aparezcan sus restos”, familiares de personas desaparecidas y colectivos (para quienes “la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano”) que se han venido conformando a lo largo de los años, como consecuencia de las deficiencias apuntadas en el párrafo anterior, se han visto en la necesidad de realizar acciones propias de las instituciones públicas, a buscar acompañamiento en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y a manifestar sus inconformidades ante organismos públicos protectores de derechos humanos”.

Es evidente que se ha quedado a deber y falta mucho por hacer para cumplir objetivos, promesas y obligaciones que corresponden al Estado mexicano. El asunto es que no solo no se logra avanzar en ello sino que el propio presidente de la República desestima los justos reclamos de quienes sufren la desaparición de un ser querido o de aquellos que le llaman la atención por no hacer lo suficiente para superar la problemática.

Tal fue el caso cuando hace unas semanas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que México no ha seguido los protocolos para prevenir y resolver los casos de desaparición forzada desde hace varios años, haciéndose notable en el último año, durante la pandemia de Covid-19, cuando incrementó el número de niños, niñas y mujeres desaparecidas.

Ante ello, AMLO concretó que su gobierno ha creado mecanismos para evitar este delito, aclarando que a partir de su administración se comenzó a actuar con orden y sin evadir las leyes, permitiendo que organizaciones estén involucradas en la resolución de los casos, pues menciona, “no tienen nada que esconder”. “Se creó un mecanismo para búsqueda en este Gobierno, se ha hecho una labor extraordinaria de búsqueda como nunca. Se evita que haya desapariciones forzadas, si la ONU dice lo contrario, tendría que presentar las pruebas y nosotros aplicarnos”, sostuvo el presidente.

Así la insensibilidad y la soberbia en un tema tan sentido para la sociedad, por parte de quien está obligado a garantizar la seguridad de los mexicanos.

Salvador Cosío en Twitter: @salvadorcosio1