La revista El Mundo de Derecho, dirigida por Antonio Holguín entrevistó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.
Por considerar de sumo interés lo que ahí expresó, presento aquí los aspectos que abordó y que fueron publicados por el periódico El Heraldo de México.
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa actualmente a todo un movimiento que se identifica con la renovación y una nueva perspectiva en el Poder Judicial, que ubica los recientes cambios como un punto de partida para que nuestro país sea diferente.
El legado que espera dejar como presidente de la SCJN:
“El pluralismo jurídico y la justicia real y verdadera. Sí damos un paso importante y sentamos las bases para alcanzar esto en el país estoy seguro de que una gran cantidad de mexicanas y mexicanos van a estar agradecidos y se van a sentir parte de este México que los ha excluido”.
Sus preocupaciones en la implementación de los cambios en el Poder Judicial:
“Generar cambios profundos no es fácil. De pronto uno entra en una situación de estancamiento, en que la inercia se impone y, romper esas inercias para poner un sello distinto y permearlo en un aparato como el Poder Judicial, es el principal reto, pues es algo complejo. Somos mexicanos privilegiados porque podemos tomar una decisión hacia el actuar correcto, lo cual pasa por la construcción de lo colectivo. Hoy, muchos de los que antes éramos observadores, estamos en una posición de toma de decisión y debemos de pensar que somos una parte del país que puede marcar la diferencia, pero para ello es necesario actuar bajo nuevas lógicas y principios que dejen atrás la inercia institucional, para que el cambio no quede en solo una aspiración y fallemos a la confianza que han depositado en nosotros las personas”.
Su valoración sobre el estado de los jueces, magistrados y ministros que inician una nueva etapa en el Poder Judicial:
“Se siente el peso de la responsabilidad. No creo que haya un juez, magistrado o ministro, que después de tomar posesión, no sienta el peso de cumplir con las expectativas y deseos de justicia de la ciudadanía; es una primera premisa. Lo que se vive en la Corte es lo mismo que en el resto del Poder Judicial: un ánimo renovado. La función esencial no cambia; seguiremos viendo expedientes y resolviendo asuntos, pero ahora bajo una perspectiva que nos obliga a conectar con la realidad, con la persona, con el colectivo, con la problemática social y también detrás del expediente. Si logramos este trance, estaremos dando un paso importante. El primer límite para ver cómo va permeando este proceso será el primero de septiembre de 2026. Estamos madurando la idea de tener un Plan Nacional de Justicia, con orientación a mediano y largo plazos en que se involucren todos los actores, porque la justicia tiene que ver con que la ciudadanía, incluidos por supuesto los pueblos indígenas y afromexicanos. La justicia real a la que aspiramos es una construcción colectiva y de responsabilidades compartidas. Es imposible que el Poder Judicial Federal construya el cambio en la justicia solo”.
El proceso y la curva de aprendizaje en la nueva etapa de transformación del Poder Judicial:
“Inició desde junio. Tuvimos la primera sesión formal el 11 de septiembre, pero en realidad era la sesión número doce en que trabajaba esta nueva Corte. Ya había tenido la oportunidad de dialogar con todos los ministros y ministras, de debatir y adoptamos 13 acuerdos generales de la Corte, por lo que la curva de aprendizaje y el funcionamiento en el Pleno se dio antes de tomar posesión. No quiero decir que estemos al cien por ciento, estamos aprendiendo a generar los consensos necesarios. Es un cuerpo colegiado y requerimos de articular los distintos pensamientos y conformar el nuevo criterio de la Suprema Corte que se perfila para ser un criterio eminentemente social. Desde 1994, un presidente de la Corte no tenía ponencia. Antes, solamente dictaminaba los asuntos que proyectaban los ministros, pero no proyectaba sentencias; ahora no. Acabo de hacer mis primeros diez proyectos al Pleno y eso implica articular a quienes invitamos a ser parte de la ponencia y he tratado de entablar un equipo que imprima un sello adicional a cada asunto, con solvencia, con técnica y gente especializada en la elaboración de sentencias. Muchos ya estaban en la Corte, otros, son defensores de Derechos Humanos, especialistas en pueblos indígenas, mujeres y medio ambiente”.
Su ponderación sobre el significado de haber llegado a este cargo siendo indígena y el apoyo de las diferentes comunidades:
“Personalmente he recibido hasta ahora alrededor de 48 comunidades, autoridades, organizaciones, sindicatos, ambientalistas, líderes, etcétera. Han mencionado que es la primera vez que están aquí, pese a llevar de 10 o 15 años litigado sus asuntos. Todas las personas llegan con la esperanza y expectativa de que vamos a atender sus asuntos con mayor celeridad y resolviendo cuestiones de fondo. Así va a ser. También ha habido un crecimiento exponencial de atención al ciudadano de a pie, muchos, para recibir orientación en los asuntos, para canalizarlos en alguna gestión; y otros, se quedan con la defensoría de oficio o pasan a audiencias con ministros o la presidencia. Esto habla de la confianza renovada que tiene la sociedad con la nueva Suprema Corte”.
Su visión sobre las salas que resolvían problemas y desaparecieron:
“Implica una nueva dinámica. Eran Salas que conocían de temas específicos y resolvían muchos asuntos, pues no tenían la necesidad de hacer audiencias o sesiones públicas frente a la televisión y eso agilizaba el debate. Los críticos decían que el funcionamiento en el Pleno iba a generar cuellos de botella que iban a entorpecer el trámite de los asuntos, lo cual afortunadamente no ha pasado. Si revisamos los resultados del primer mes de trabajo, vemos que es posible tener cifras similares a las de la anterior Corte o inclusive mejores. Hay expedientes que son de resolución rápida que no requieren debate; hemos acordado que, en reuniones previas se hacen los comentarios generales, de tal manera que se resuelvan rápido los asuntos sencillos, y los que requieren debate, análisis o sentar un criterio para la sociedad, les destinamos, sin restricciones, el tiempo que sea necesario para su atención debida. También nos hemos puesto reglas para las intervenciones en Pleno, que sean de un máximo de 10 minutos y las estamos buscando cumplir, pero eso no nos limita si el asunto requiere más debate”.
Lo que piensa de que en México “la ley es la ley”:
“Sí. México ha adoptado en los últimos años un conjunto de reformas que introducen principios entre los cuales, los de legalidad, igualdad y, en general, respeto a todos los derechos de las personas, son muy importantes.
“Yo creo que si logramos integrar a la ley con los principios y la realidad, vamos a encontrar la fórmula adecuada para alcanzar justicia real que buscamos. Aunque es un tema de debate, no podemos desconocer que el solo cumplimiento de la ley no siempre resuelve de fondo un caso completo, por ejemplo, un conflicto entre municipios puede llevar más de 10 años y aun cerrando el expediente, no se soluciona el problema que lo origina. En estos casos, he propuesto a la Corte que hagamos un exhorto a los gobiernos locales o a las comunidades en conflicto para buscar una solución de fondo”.
La forma en que cada uno de los gobernantes toma decisiones:
“Sigue vigente la apuesta por descifrar qué es el interés colectivo, el interés público y el social. Es una experiencia cotidiana en las comunidades indígenas. Sabemos que tenemos una individualidad, pero también vivimos en colectividad y en sociedades no muy grandes. Construir el interés colectivo es posible mediante una asamblea donde se debate y entre todos lo decidimos. El reto está en una sociedad más grande, porque hay que tener principios y elementos para construir y descifrar ese interés. Es por ello que la Corte va a establecer una metodología para ir construyendo estas definiciones. No es un reto sencillo, porque México es un país diverso, con profundas diferencias y donde hay un abismo entre los que tienen más y los que tienen menos”.
Su opinión a más de un mes en el cargo como ministro presidente sobre los principales avances:
“Los turnos están siendo más ágiles, puesto que antes se llevaba un tiempo de 45 a 60 días entre que entraba el documento a Oficialía de Partes de la Corte hasta que se ponía en la mesa de ministros. Hoy se ponen en 15 días y se puede bajar el tiempo aún más. Iniciamos con los asuntos de las ministras que ya tenían expedientes proyectados y estamos alcanzando las cifras de la anterior Corte funcionando en Pleno y en salas. Anteriormente las salas resolvían alrededor de 60 asuntos al mes, 120 entre ambas, y el Pleno resolvía entre cinco y seis asuntos al mes. Hoy en 30 días resolvimos 116, estamos un poco debajo de la cifra anterior, pero esos números van a mejorar a futuro. Antes se estudiaban de ocho a diez asuntos a la semana y ahora el doble, para tener los asuntos que se van a llevar al Pleno. Hay bastante compromiso, la mayoría del personal ha entendido la nueva dinámica. Estamos trabajando cuatro horas al día, cuatro días a la semana; antes funcionaban dos días y dos horas de sesión pública del Pleno”.
La forma en que visualiza que la historia de México podría verlo dentro de cincuenta años:
“Más allá de cómo ver mi persona, me gustaría sentar las bases y que se vea una justicia acorde con nuestra realidad, una justicia cercana a la gente, en condiciones más dignas para todos y todas. Si eso ocurre, habremos cumplido nuestra misión”.