Según las revelaciones que está ventilando paulatinamente el grupo de Hackers auto nombrado ‘Guacamaya’, que han sido colocadas en la opinión pública a través de Latinus por Carlos Loret de Mola, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es exhibido muchísimo más descompuesto de lo que pudo haberse imaginado. A la luz de las revelaciones que hace ‘Guacamaya’ relativas a los documentos que dice fueron obtenidos irrumpiendo furtivamente en los sistemas informáticos de La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ‘hackeo’ de datos etiquetados como reservados o confidenciales y que fue aceptado ocurrió así en voz del propio López Obrador , quedan al desnudo infinidad de datos en textos y documentos que involucran al propio presidente , familiares, colaboradores de alto nivel y especialmente al Ejército Mexicano, que acorde a los elementos informativos publicados por Latinus, se mancha especialmente a la institución que tradicionalmente se había constituido como una de las más respetables en nuestro país; ante ello y tras advertirse las reacciones en los medios y las redes sociales digitales de información comunitaria, se observa que la credibilidad del Ejército viene en caída libre y para amainar los golpes se necesitará mucho más que cortinas de humo, conferencias Mañaneras, canciones de Chico Che y otros muchos distractores de que suele echar mano el ejecutivo federal para evitar que sigan brotando datos que tienden a enlodar a personajes insertos en las altas esferas del poder público central y especialmente a las fuerzas armadas, a través de los más de seis terabytes que entregó ‘Guacamaya’ no solo a Latinus sino también a diversos reporteros, periodistas, investigadores, historiadores y algunos medios de comunicación, información que por cierto, no representa aún ni el 0.1 por ciento de los más de cuatro millones de documentos que son escudriñados por los olfatos más agudos en su tarea de seguir sacando a la luz pública los secretos mejor guardados del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y de las fuerzas castrenses.

La información detalla lo que se advierte como mentiras, corrupción, complicidades, despilfarros, conversaciones, viajes, inversiones fallidas, contratos, relaciones con crimen organizado, regalos, desvíos, prácticas de espionaje; de todo hay material relativo en esos millones de documentos.

Tan solo algunos de los hallazgos más impactantes develados hasta el momento y de los que muy poco se ha hecho realmente para desvirtuarlos se habla de :

Las columnas más leídas de hoy

Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional dan cuenta de las sospechas de corrupción que pesan sobre Daniel Asaf Manjarrez, actual coordinador de la Ayudantía que se encarga de la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, grupo que reemplazó en sus funciones al Estado Mayor Presidencial.

Al Ejército le pareció “sospechoso” que Asaf Manjarrez conversó, el 10 de febrero del 2021, con el ex capitán del Ejército, José Luis Delgado Vargas, ahora empresario, descubriendo que ha recibido 51 contratos, que en total suman 47 millones de pesos en el Gobierno encabezado por López Obrador.

Más revelaciones confirman que la Sedena permite que el grupo del crimen organizado “Los Viagras” mate y extorsione prácticamente en sus narices. Carlos Loret de Mola, dio a conocer nuevos documentos que revelan cómo, aunque los militares saben dónde, cómo y cuándo los delincuentes comenten sus crímenes; prácticamente no hacen nada por evitarlo.

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Al menos cinco reportes de inteligencia militar, elaborados entre 2019 y 2022, vinculan a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco, nombrado por el hoy titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos locales de huachicoleo. Otros dos mandos policiacos también son señalados por la inteligencia militar. Los tres siguen en funciones.

Además, en un informe confidencial, la Sedena liga al titular de Gobernación, Adán Augusto López, con una red de tráfico de combustible, que opera a gran escala en Tabasco. El Ejército identifica a dicha investigación con la clave Caso Olmeca y se trata de intercepciones de comunicaciones, investigación de campo, mapeo digital y minería de datos, con las que se detalla la red de tráfico de hidrocarburo en la tierra natal del Presidente López Obrador.

El Ejército vigila a las feministas y las pone a la par de organizaciones subversivas. Informes de inteligencia revelan que el Ejército sigue de cerca las actividades de feministas y activistas. La Sedena identifica la existencia de 15 colectivos, enumera las marchas feministas ocurridas desde 2019 y detalla sus acciones, además identifica con nombre completo y alias a 11 mujeres del Bloque Negro.

El País detectó más de 1.000 archivos donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura. Registros internos retratan un ambiente hostil en el que denunciar por abuso sexual a un militar se vuelve una pesadilla. Las víctimas suelen ser ignoradas, dadas de baja de las Fuerzas Armadas o trasladadas a otro sitio.

Mientras el presidente afirma que “no se espía a nadie”, la red de empresas Pegasus sigue vigente y en México hay más rastros de periodistas y activistas atacados con el programa de NSO Group. Una investigación de la Red por los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Social TIC, Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político determinó que los teléfonos de al menos 3 periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021.

Altos mandos militares maniobraron para tratar de exculpar a las Fuerzas Armadas del caso Ayotzinapa. Los documentos muestran esfuerzos castrenses para que no se implicara al Ejército, al grado de que, incluso, el propio titular de la Sedena abogó ante el presidente López Obrador por el capitán José Martínez Crespo, el primer militar encarcelado por la desaparición de 43 estudiantes.

La Secretaría de la Defensa Nacional considera que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculadas con cárteles y grupos delictivos en el sureste del país, de acuerdo con una de las conclusiones de un informe fechado el 19 de enero por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia”Sureste” (Cerfise). El documento es una radiografía de la operación y estructura del crimen organizado en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, estados gobernados por Morena, donde se identifica con nombre y apodo a los cabecillas regionales.

Se ha desvelado un seguimiento realizado por las Fuerzas Armadas a numerosos actores del escenario político nacional. Fichas de senadores, diputados y gobernadores aparecen en los correos. En algunos casos reportan desde el tipo de sangre que tienen hasta datos relevantes como si tiene vínculos con el crimen organizado.

Casi un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Sedena alertó a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), de 20 alcaldes de Guerrero con presuntos vínculos con el crimen organizado.

De la lista de alcaldes —incluido José Luis Abarca, de Iguala— unos se encuentran en la cárcel, otros fueron asesinados, unos más desaparecieron de los actos públicos. Tres actualmente son funcionarios en activo.

Más documentos dan cuenta que 308 militares han sido investigados penalmente por presuntas violaciones a derechos humanos entre 2007 y 2021; 151 fueron indiciados, 107 procesados, 19 sentenciados, 16 absueltos y 15 se encuentran prófugos.

Queda en evidencia igualmente el seguimiento del Ejército al viaje del EZLN en Europa. La marca personal que se le tiene al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar; y los viajes de Beatriz Gutiérrez Müller y otros familiares del presidente.

El ejército también contiene los movimientos de Caro Quintero durante sus últimos años en libertad; y los correos de altos mandos del ejército quienes manifiesten su preocupación por el “corto tiempo” que les dio el presidente para concluir la obra del Tren Maya.

Asimismo, consta que el ejército desechó la propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que sus elementos participaran en el protocolo de investigación de la vacuna mexicana “Patria” contra Covid-19; y que El Hospital Central Militar ha sido utilizado por legisladores, diplomáticos, funcionarios públicos, familiares y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes no son derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

También está documentado que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval ha obsequiado lentes, corbatas y mascadas de diseñador, botellas de tequila, mezcal y vino a invitados y personajes que le son cercanos, y hasta ha ordenado a militares bordar con sus iniciales y las de su esposa las toallas que utilizan en su hogar.

En apenas algo así como 12 días después de haberse dado a conocer el ciberataque del que fue objeto la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos leído y escuchado lo inimaginable en relación a actividades y acciones de personajes ligados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Sedena, y al parecer lo poco que se ha podido conocer de las filtraciones en notas periodísticas, apenas ha trascendido quizá el 10 por ciento.

Y si hasta ahora el presidente había minimizado el hackeo, quizá sea tiempo de que se comience a preocupar porque la información seguirá fluyendo y la información mal oliente que señala el cúmulo de irregularidades, posibles ilícitos y actos crimínales a cargo de funcionarios integrantes de las altas esferas y diversas dependencias del gobierno federal en la auto denominada Cuarta Transformación seguirá brotando.

Salvador Cosío en Twitter: @salvadorcosio1