Los habitantes de la Franja de Gaza viven tiempos aciagos. Tras la escalada del conflicto entre Hamás y el Estado de Israel a raíz del ataque de la organización terrorista del 7 de octubre, la población civil de esta región se ha convertido en la primera víctima de una guerra cruenta que merece la indignación del mundo entero.
Según ha sido reportado por la mayoría de los medios internacionales, el ejército israelí ha bloqueado la entrada de convoyes cargados de ayuda humanitaria dirigidos a aliviar el estado de pauperización extrema y hambruna que padecen los residentes de Gaza.
El gobierno israelí ha rechazado estos señalamientos y ha argumentado que la catástrofe humanitaria ha derivado del secuestro de camiones por parte de las milicias de Hamás. En todo caso, según ha sido informado por cientos de organizaciones, miles de hombres, mujeres y niños están muriendo de hambre.
Analistas y juristas internacionales se han cuestionado la pertinencia de llamar “genocidio” a la situación que prevalece en Gaza. Sin embargo, a la luz del derecho internacional, y en particular de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, el término se refiere a las acciones de un Estado dirigidas a eliminar parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico o religioso. El asunto es, si se quiere, debatible.
De acuerdo a los más acérrimos detractores del sionismo, las acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu buscan, bajo el pretexto de eliminar a Hamás, destruir al pueblo palestino con el propósito de crear un Estado israelí homogéneo que incluya los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.
Los israelíes, como he señalado, han justificado sus acciones con el razonamiento del derecho de Israel de existir, y por tanto de reducir a cenizas a las células terroristas que tanto daño han infligido al país.
La comunidad internacional, en un claro rompimiento con la tradición diplomática, ha dado pasos firmes dirigidos a ejercer presión sobre Netanhayu para detener esta catástrofe humanitaria que podría devenir en una de las más pavorosas calamidades del siglo XX.
Francia y Gran Bretaña, en un acto de repudio a la política de Israel, han reconocido –o reconocerán formalmente dentro de las semanas que vienen- al estado de Palestina, lo que representaría un claro distanciamiento de sus gobiernos en relación con Israel. El gobierno de Estados Unidos, aliado histórico de Tel-Aviv, no ha refutado las acusaciones hechas contra el Estado sionista.
El reconocimiento de Palestina resulta –de nuevo- debatible, pues no existe una definición jurídica sobre las fronteras y el territorio que integran o que se encuentran bajo el gobierno de la autoridad palestina. Se trata, a todas luces, de un mero acto político.
En suma, por primera vez en la historia del conflicto, Israel enfrenta una amplia crisis de legitimidad internacional, pues no únicamente sus aliados desde 1948 han dado la espalda a un gobierno de extrema derecha que merece su repudio, sino que cargará sobre sus hombros la responsabilidad de la más atroz tragedia de las primeras décadas del siglo.