Raquel Buenrostro es hoy titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia del gobierno federal creada durante el gobierno de AMLO que reemplazó a la otrora Función Pública. Su nombre, más allá de la propaganda que puede generarse en torno a sus funciones reales, tiene como objetivo supervisar, denunciar y corregir malas prácticas que pudiesen tener lugar en el Ejecutivo Federal y la rama administrativa.

Como he señalado, a la luz de la Constitución y de las leyes secundarias, sus competencias se limitan a la administración pública federal, es decir, a las secretarías de Estado dependientes de la jefa del Estado. Sin embargo, hace unos días, en un acto sin precedente, Buenrostro, en una clarísima usurpación de prerrogativas jurídicas, dedicó varios minutos en la mañana a “exponer” sobre las supuestas irregularidades cometidas por el INE durante las gestiones de Lorenzo Córdova y sus antecesores.

El hecho se inscribe en la estrategia de la presidenta Sheinbaum y del morenismo de sacudirse por cualquier medio sus lazos con el nombramiento y empoderamiento de Guadalupe Taddei. Sin embargo, recurrir a métodos absolutamente inconstitucionales y en violación de la ley mediante el uso sesgado e ilegal de las competencias de una secretaria de Estado para “fiscalizar” a un organismo autónomo debe ser denunciado.

En adición a este acto que atenta contra la autonomía del INE, MCCI ha presentado recientemente una investigación que vincula a la secretaria Buenrostro con una mujer que trabajó bajo su dirección en el SAT con una de las empresas supuestamente bajo la órbita de la organización de José Alfredo Hernández Casillas. ¿Será una simple “campaña” política dirigida por la perversa MCCI en contra de la bendita 4T o es un signo más de la amplísima red de corrupción que parece haber tocado a cada hombre y mujer cercanos al obradorismo? Al tiempo.

En todo caso, las acciones de Buenrostro en medio del escándalo Taddei no son más que una prueba adicional de la desesperación del oficialismo de hacer uso de todos los medios a su alcance para intentar evitar ensuciarse con el barro generado por los actos de la exconsejera, no importa si conlleva contravenir una y otra vez la Carta Magna que un día juraron defender y hacer guardar.