En México, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hay 1,245,762 egresados de la carrera de Derecho, que es la segunda carrera más estudiada en el país, después de Administración. De estos egresados, el 56% son hombres y el 44% son mujeres. Si al menos una cuarta parte de egresados y estudiantes decidieran marchar, se llena el Zócalo.
Además, es una de las carreras con mayor demanda a nivel nacional. Aun así, apenas un puñado de abogadas y abogados ha respaldado al Poder Judicial de la Federación desde sus despachos o redes sociales. Por un lado, es claro que quien se opone a esta reforma, total o parcialmente, así sea simpatizante de Morena como Hernán Gómez o funcionario, recibe una sanción informal o blanda, pero los que además de disentir con la reforma, resultan ser opositores, prácticamente se convierten en adversarios y reciben la exclusión total.
Hace un día, al estallar el paro (que no es huelga), el diputado Hamlet Almaguer advirtió que a los 200 juzgadores que se opusieron a detener actividades habría que facilitarles la ratificación en sus cargos, es decir que, en sentido opuesto, a quienes votaron a favor de la protesta habrían de obstaculizarles o negarles tal derecho.
Por eso es que sorprende que con más de un millón de abogadas y abogados haya tanto silencio. Los juristas unidos en colegios y asociaciones como la Barra de Abogados, la ANADE y otras, se han limitado a publicar pronunciamientos y condenas sociales. Ni protesta, ni asambleas, ni cercanía con la gente o al menos, con sus clientes. El gremio se ha excluido de la reforma judicial. De hecho, pareciera que esta reforma ayudará a que cientos de abogados coyotes o ineficientes continúen teniendo pretextos ante sus clientes sobre cualquier retraso o gasto extraordinario.
Aunque las barras y colegios de abogados advierten los riesgos para el ejercicio del litigio, la realidad en el país es que la reforma judicial preocupa a un círculo reducido pues la opinión generalizada entre la ciudadanía como lo muestran encuestas en SDPnoticias y El Universal, es que el Poder Judicial no es confiable y es corrupto. Vale la pena señalar que el Derecho, en sus ínfulas de exclusividad, ha elevado tanto el discurso y el lenguaje que para las personas no-abogadas no es tan claro que la ineficiencia se ubica en los poderes judiciales estatales y que justamente, el Poder Judicial de la Federación que hoy es perseguido, es el que corrige las injusticias y revierte las malas decisiones.
Valdría la pena preguntarse: ¿En serio la mayoría de las y los abogados no les interesa la reforma judicial? O será que, en realidad ¿la apoyan porque han vivido los estragos de un mal juicio o un juzgador comprado?
Algo se le debe reconocer a Morena y es su capacidad de activación en asambleas ciudadanas y vecinales para hablar de esta reforma. En otros tiempos, abogados como Benito Juárez, Ignacio Aldama, Antonio Díaz Soto y Gama, María Asunción Sandoval, Martha Aurora Jiménez, María Cristina Salmorán, María Lavalle Urbina entre otros más, hicieron revolución. Hoy solo protesta el Poder Judicial y no hay ningún otro grupo que les acompañe ni en difundir entre el pueblo las consecuencias de esta reforma ni de ofrecer mayor cercanía y corrección de rumbo. Es claro que el Poder Judicial no se compone de políticos, pero la abogacía parece que se ha despolitizado. Los pocos juristas que alzan la voz contra esta reforma, lo hacen desde sus finos escritorios de caoba desde las oficinas de Polanco, Santa Fe y Reforma.
Sí merecemos la reforma judicial de los no-abogados. Si la abogacía no es capaz de articularse y retomar su esencia social, por supuesto que merecemos la reforma. Probablemente, devolver el sentido común y quitar los tecnicismos sea la solución que no alcanzamos a mirar. Lo que es un hecho es que, una vez consolidada esta reforma sin acción contundente por parte de la abogacía, no se vale reclamar ni culpar a los nuevos jueces del bienestar por lo malo o bueno que vayan avanzando los casos, pues ni el amparo volverá a ser el mismo, ni la Federación asistirá a las fallas de los poderes judiciales locales.
Lo más lamentable es que justo esta reforma busca que las y los abogados vuelvan a las calles en el sentido de ser los líderes sociales que piensan en la justicia y democracia más que en el dinero. Es decir que, ante lo que vivimos, el gremio de la abogacía debería ir pensando en propuestas para juzgadores, magistrados y ministros que puedan ganar el respaldo popular. Lo peor es que mientras avanza la reforma judicial, los abogados destacados y brillantes del país parecen alejarse de la escena pública y de su posible aspiración a jueces. Lo curioso también es que los mismos trabajadores de carrera del Poder Judicial de la Federación critican entre pasillos a los titulares que han llenado las oficinas con sus familias y corrupción, los saben de alguna manera, corresponsables de la crisis que hoy se vive. Al tiempo.