Este primero de mayo no es una fecha para el festejo vacío. El Día del Trabajo nació de la lucha, del sudor y de la exigencia de dignidad frente a la explotación. Más que una conmemoración histórica, esta fecha nos exige una profunda autorreflexión colectiva sobre la enorme distancia que aún separa las leyes escritas de la vida cotidiana de millones de personas. No basta con que los derechos laborales existan en el papel, la verdadera justicia radica en traerlos a la realidad.
Debemos partir de una premisa innegociable: el trabajo es un derecho humano. No es una mercancía que se remata al mejor postor ni una concesión que el empleador otorga por benevolencia. Como derecho fundamental, el trabajo debe garantizar condiciones dignas que respeten la integridad física y mental de quien lo ejerce. Esto implica jornadas justas, entornos seguros y, de manera crucial, un salario suficiente. Un sueldo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia no es un salario, es una forma de perpetuar la pobreza.
Hablar de dignidad laboral nos obliga a mirar de frente las profundas deudas que tenemos con la equidad. La brecha de género no es un mito ni una exageración estadística, es una realidad lacerante que sigue viva en los centros de trabajo. Las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los de los hombres por realizar las mismas funciones. El trato diferenciado y condescendiente persiste en los pasillos de las empresas, y el llamado techo de cristal sigue bloqueando el acceso femenino a los altos cargos directivos. No habrá un verdadero Día del Trabajo que celebrar mientras la mitad de la población activa siga siendo relegada y subvalorada por razones de género.
La reflexión más urgente de esta jornada nos obliga a mirar hacia la infancia. En un mundo que aspira al progreso, el trabajo infantil representa nuestro fracaso más rotundo. Las niñas, niños y adolescentes no pertenecen a las fábricas, ni a los campos de cultivo, ni a las calles vendiendo mercancías. Su derecho crecer en un entorno seguro. Las infancias y adolescencias deben estudiar, aprender y jugar. Robarles el juego y la educación para obligarlos a trabajar es hipotecar su futuro y perpetuar el ciclo de la exclusión.
Juntas y juntos hagamos realidad los derechos laborales, es una obligación legal y moral que nos corresponde a todos y a todas exigir.
Jennifer Islas. Política y conferencista.
