El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) enfrenta una compleja combinación de crisis institucional, conflictos laborales, rezagos operativos y, más recientemente, de un atentado que mediáticamente alimenta versiones sobre vínculos ocultos.
En el centro se encuentra el órgano judicial de la capital, cuya gestión en manos de Rafael Guerra Álvarez ha sido blanco de ataques y señalamientos, algunos infundados, otros derivados de deficiencias reales.
Principales problemas
El PJCDMX acumula retos en impartición de justicia que impactan su operatividad y percepción pública. En 2025 se registró una caída en resolución de casos; entre enero y abril se resolvieron 42 mil 208 asuntos, más de 10 mil menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que el número de jueces y magistrados en funciones disminuyó de 486 en diciembre de 2023 a 425 en marzo de 2025.
Las manifestaciones del personal por prestaciones, aguinaldos y condiciones de trabajo han sido recurrentes. Un paro de 40 días entre mayo y julio de 2025 dejó sin atender más de 48 mil audiencias y atrasó más de 1.4 millones de promociones.
Con las reformas judiciales locales se eliminaron 35 juzgados, sin embargo, la carga de trabajo no se reasignó adecuadamente y generó saturación en las unidades restantes.
Aunque se ha avanzado hacia la digitalización de procesos, persisten atrasos y desigualdades que limitan el acceso a la justicia en algunos sectores, además de los recortes hechos desde la Federación.
Persisten cuestionamientos por transparencia. Voces del Congreso y la opinión pública han expresado preocupación por la autonomía, eficacia y legitimidad del órgano judicial.
Rafael Guerra ha enfrentado no sólo una gestión institucional compleja, sino la turbulencia mediática y política que rodea al sistema judicial.
Resultados
A pesar de los retos, la labor de Rafael Guerra al frente del PJCDMX ha tenido avances significativos que merecen reconocerse.
Fue reelecto presidente para el periodo 2022-2025 por una amplia mayoría. En sus informes reportó que en 2022 el órgano atendió 164 mil 105 asuntos, 28 mil 386 en materia penal, 97 mil 237 civiles y 38 mil 449 familiares.
Impulsó la incorporación de la justicia digital; para 2022 más de 181 mil citas para procesos civiles y familiares se agendaron a través de sistemas electrónicos.
En su gestión, Guerra ha enfatizado el principio de que “un poder judicial local le da paz social” a la ciudad, resaltando la independencia, la equidad y la coordinación entre poderes.
En materia de perspectiva de género y protección de víctimas, reportó que en 2022 se concedieron 12 mil 354 medidas de protección a mujeres víctimas del delito.
Propuso reformas jurídicas relevantes, como la eliminación de la figura del auto de vinculación a proceso, por “no garantizar la libertad personal ni el principio de continuidad” y ser incongruente con tratados internacionales.
Estos logros muestran que, pese a la complejidad del entorno, Guerra ha apostado por modernizar y humanizar la impartición de justicia.
David Cohen y la campaña de desprestigio
El atentado en el que perdió la vida el abogado David Cohen el pasado 13 de octubre frente al edificio del Poder Judicial capitalino, detonó una serie de versiones que intentaron vincular el homicidio con el entorno de Rafael Guerra.
En redes y algunos medios circuló que habría existido una reunión entre Cohen y Rafael Guerra minutos antes del ataque, versión que luego se usó como argumento indirecto de una supuesta corrupción o pacto de impunidad. Sin embargo, la información fue desmentida por el PJCDMX.
De hecho, la asociación profesional AMTJ lo calificó como “una serie de intentos por desacreditar la labor institucional del Poder Judicial capitalino en el contexto de la reforma judicial”.
En ese sentido, la difusión del supuesto nexo opera como estrategia de desgaste institucional. Es decir, aunque no exista evidencia que lo vincule, la mera insinuación sirve para socavar la credibilidad del órgano y de su titular.
El PJCDMX se encuentra en un momento crítico. Carga con rezagos operativos, conflictos laborales persistentes y presión pública sobre su legitimidad, pero, simultáneamente se observa la voluntad de su titular por impulsar políticas de género y transparencia, así como promover la modernización, digitalización y una justicia más accesible.
Que su nombre aparezca asociado mediáticamente al asesinato de Cohen Sacal —aun sin sustento verificable— pone de relieve dos cosas: primero, que cualquier titular del órgano está políticamente expuesto y vulnerable a campañas de desprestigio; segundo, que las instancias judiciales, aun cuando realizan esfuerzos por avanzar, pueden seguir afectadas por factores externos al control de su gestión interna.
En ese sentido, valorar la labor de Rafael Guerra exige un equilibrio entre reconocer los avances reales de su administración y no ignorar que la institución tiene áreas que requieren atención urgente.
Implica además reconocer que, en el caso de Cohen Sacal, los vínculos que se han insinuado no forman parte de hechos confirmados y que en tiempos de reformas judiciales, la transparencia, la claridad y la comunicación institucional son más fundamentales que nunca.
X: @diaz_manuel