En medio de la polémica en torno a la elección del poder judicial, comentaristas se han hecho eco de la existencia de buenos candidatos que aparecerán en las papeletas.
Se ha concluido, como he dicho, que un buen número de hombres y mujeres abogados competentes decidieron participar en el farsa, bajo la idea -supongo- de darse oportunidad de ser electos.
La mayoría de ellos proviene del poder judicial, y algunos han servido con responsabilidad durante años tanto como jueces de distrito como magistrados. Merecen, en su caso, todo el reconocimiento de la opinión pública y de los mexicanos. Es una pena, sin embargo, que sus carreras estén a punto de terminar.
Ellos han sido los protagonistas del argumento, esgrimido por muchos, de votar en los comicios a pesar de estar en contra del concepto mismo de la elección.
Desafortunadamente, estos valiosos candidatos no cuentan con probabilidades reales de triunfo. A pesar de haber sido buenos jueces en el pasado, sus nombres son desconocidos entre la mayoría. Derivado de las restricciones impuestas por la propia reforma, no contaron con financiamiento público ni privado que pudiese catapultarles hacia el conocimiento de la gente.
En adición, derivado de su profesionalismo, optaron en el pasado por mantenerse alejados de la política y de los intereses corporativos. Por tanto, son ahora, ante el nuevo paradigma presentado por la reforma, irrelevantes frente al electorado, pues carecen del respaldo de los movilizadores electorales y del aparato del Estado.
En contraste, los abogados que cuentan con el respaldo del régimen y cuyos nombres y números aparecen en los “acordeones”, han entendido que la única vía para alcanzar un distrito o magistratura es a través de la subordinación en los hechos a las esferas del poder, sea del gobierno o del crimen organizado.
En suma, es lamentable que valiosos jueces que han dedicado su vida a la impartición de justicia hayan sido sometidos a la afrenta de una farsa que no solo ha destruido sus carreras, sino que conlleva enormes riesgos para la viabilidad del país hacia los próximos años.