A 24 años del asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, y a cuatro de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminara la responsabilidad del Estado mexicano por las omisiones en la investigación, su familia denuncia que la sentencia no se ha cumplido cabalmente.
El caso de Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre de 2001 en su oficina en la Ciudad de México, se convirtió en un símbolo de la impunidad y la violencia contra defensores de derechos humanos en México. La abogada había dedicado su vida a la defensa de víctimas en casos de alto impacto, como las masacres de Aguas Blancas, Acteal y El Charco, así como a la defensa de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados por elementos del Ejército Mexicano, además del caso de los hermanos Cerezo Contreras, entre otros. Su asesinato generó indignación nacional e internacional, pues a pesar de la evidencia de disparos y amenazas previas, la investigación inicial sugirió la hipótesis de un “suicidio simulado”.
Ante la falta de avances y la persistencia de irregularidades, el caso fue llevado a la Corte IDH, que en 2021 emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano.
Y es que si bien el Estado mexicano ofreció una disculpa pública, otros puntos clave de la resolución, como la reapertura de la investigación del asesinato, permanecen estancados desde noviembre de 2021, fecha en que se emitió el fallo.
En una conferencia de prensa llevada a cabo hace unos días en el Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS), Jesús y Plácido Ochoa, hermanos de Digna, hicieron un recuento detallado de los párrafos de la sentencia del tribunal regional que ordenan específicamente la reapertura de la investigación del asesinato de la abogada, así como las sanciones correspondientes a los ex funcionarios que, con sus omisiones, contribuyeron al cierre de la indagatoria bajo la controvertida conclusión de que Digna se había suicidado.
“No se trata solo de una disculpa pública”, enfatizó Jesús Ochoa. “La sentencia de la Corte IDH es clara: se debe investigar a fondo el asesinato de Digna, identificar y sancionar a los responsables de las omisiones que permitieron que este crimen quedara impune durante tantos años”.
Plácido Ochoa, por su parte, añadió: “Exigimos que se cumpla cada punto de la sentencia. No descansaremos hasta que se haga justicia para Digna y se castigue a quienes obstaculizaron la investigación y protegieron a los verdaderos responsables de su muerte”.
Los hermanos exigieron que se investigue a los funcionarios a cargo de la investigación inicial, incluyendo a Renato Sales Heredia, Margarita Guerra y Tejada, José Antonio Pérez Bravo, Bernardo Bátiz y Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Los familiares de la activista han reiterado su llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan cabalmente con la sentencia, y advierten que seguirán denunciando públicamente la falta de avances en la investigación y la impunidad que rodea el caso.
En los últimos nueve años han sido asesinados 177 defensores de derechos humanos y 88 periodistas en México, según Saulo Loya, integrante del Espacio OSC, que agrupa a 14 ONG de DDHH en México. Loya agregó que se tienen registrados también 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones.
Saulo Loya lamentó que muchos de estos casos queden impunes, lo que evidencia la persistencia de un contexto de riesgo para quienes defienden los derechos humanos en el país.
En la actualidad el asesinato de Digna sigue sin resolverse. La falta de avances en la investigación, la permanencia de funcionarios cuestionados en cargos públicos y la persistencia de la violencia contra defensores de derechos humanos en México, evidencian la necesidad de que el Estado mexicano cumpla plenamente con la sentencia y garantice justicia para ella y su familia, así como para todas las personas defensoras de derechos humanos en el país.