Hace unos días, Don Sergio, un comerciante de barrio, me lanzó tres preguntas que valen oro:
1. ¿Cuántos amparos puede pedir un ciudadano común?
2. ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis?
3. Yo nunca he pedido uno ni creo que lo haga… ¿Para qué sirve realmente?
Las preguntas, que parecen sencillas, son en realidad el espejo de lo que somos: un país donde la mayoría ni sabe qué es el amparo ni cómo usarlo, aunque se supone que es el escudo del débil frente al poderoso.
Un recurso que se aleja del ciudadano
En teoría, cualquier persona puede pedir todos los amparos que necesite. Pero en la práctica, casi nadie lo hace. No porque no haya abusos de autoridad —los hay a diario—, sino porque el amparo es visto como asunto de políticos, sindicatos, bancos o grandes empresas. Para el ciudadano común es lejano, técnico y caro.
Caro porque, aunque en la ley no cuesta presentarlo, en la realidad hay que pagar abogados, copias certificadas y, lo más absurdo, edictos en el Diario Oficial que cuestan entre 15 y 20 mil pesos por día.
Así, lo que nació como protección del pueblo, terminó convertido en un lujo procesal.
La reforma judicial y del amparo: una reforma fiscal disfrazada
El gobierno actual dice que no habrá reforma fiscal. Y en los hechos, no suben impuestos ni crean nuevos. Pero encontraron otra forma de recaudar: debilitar la justicia federal.
Con menos amparo y más poder a los jueces locales electos —poco preparados y muchas veces politizados—, el SAT y las autoridades fiscales tienen vía libre:
- Créditos inflados.
- Multas exageradas.
- Retención de devoluciones.
Todo con menos posibilidad de freno judicial. Es una reforma fiscal encubierta: no cambian la tasa, cambian las reglas de defensa.
¿Cómo afecta en la vida real?
- Herencias y sucesiones: más rezagos, menos protección para herederos débiles.
- Pensiones alimenticias: mujeres y niños dependerán de jueces locales lentos, sin opción federal.
- Arrendamientos y pleitos civiles: desalojos y conflictos atrapados en tribunales locales, más caros y más largos.
- Hipotecas y créditos: bancos y SOFOMES ejecutarán más rápido, pero deudores con abusos quedarán indefensos.
- Sociedades y donaciones: menos defensa para socios minoritarios o beneficiarios legítimos.En todos estos casos, lo que antes podía resolverse con un amparo, ahora quedará en manos de jueces electos sin experiencia real y con criterios cerrados.
Morena y sus abogados: obediencia sin equilibrio
¿Por qué se aprueba esto sin debate? Porque Morena y sus legisladores no buscan equilibrio: se someten a la línea ideológica y fiscalista. Prefieren fortalecer al Estado, aunque eso signifique debilitar al ciudadano.
Es más fácil cobrarle al que paga —el formal, el empresario, el trabajador cumplido— que perseguir a los informales.
Conclusión
Hace más de dos siglos, Morelos soñó con un país donde la justicia protegiera al débil frente al fuerte. Hoy, con la reforma judicial y la del amparo, ocurre lo contrario: el ciudadano se convierte en siervo del Estado.
El argumento oficialista es claro: obtener más recursos para financiar proyectos estelares de gobierno y programas sociales. Pero mientras blindan su capacidad de cobrar, no generan con el mismo interés políticas públicas para detonar inversión productiva privada, empleo formal ni infraestructura real para el país.
La justicia, en vez de ser un contrapeso que da certeza al desarrollo, se usa como herramienta de presión recaudatoria. Se fortalece el SAT como inquisidor, pero se deja de lado la construcción de un entorno de crecimiento económico sostenido.
La contradicción es evidente: en nombre del pueblo, se debilita al ciudadano; en nombre de la justicia, se fortalece la recaudación. México corre el riesgo de cambiar la promesa de libertad por un modelo de obediencia fiscal.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.