La guerra jurídica es una guerra por el poder. El uso del aparato judicial y el manejo de los andamiajes formales de las leyes, tanto por los gobiernos en turno como por los opositores políticos que buscan el poder, es una práctica que se ha empleado cada vez con mayor fuerza y de forma sistemática durante las últimas décadas.

Recientemente se dio a conocer que una organización civil interpuso una demanda en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a efecto de suspender el plan piloto relativo a la propuesta de cambio curricular de la educación básica en México (SEP, 2022).

No hay un precedente cercano o significativo relacionado con un amparo interpuesto por una organización civil en contra de una iniciativa (SEP) como ésta, que está orientada al cambio curricular en México; sin embargo, sí se han interpuesto amparos indirectos en contra de decisiones que han anunciado las autoridades educativas federales en años anteriores sobre otros asuntos educativos de interés público.

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Con relación a las demandas de amparo indirecto en contra de las autoridades federales en general (incluida la presidencia de la República), y específicamente en contra de la SEP, a continuación expongo un breve resumen de éstas: 1) Demanda de amparo para suspender la decisión de las autoridades educativas de regresar a clases o reanudar clases presenciales durante el ciclo escolar 2021- 2022; 2) Demanda de amparo en contra de la reestructuración del programa de la SEP “La Escuela es Nuestra”, en el contexto de la desaparición del programa “Escuelas de Tiempo Completo”; 3) Demanda de amparo para suspender o echar a abajo la decisión que tomaron las autoridades educativas federales para desaparecer los grados académicos y colocar en su lugar la noción de fases, en términos de las estructuras y procedimientos escolares; y 4) Demanda de amparo para suspender el plan piloto que está previsto como parte de la puesta en operación de la transformación curricular para la educación básica (SEP, 2022).

Una nota de prensa, en México, detalla así una de las demandas de amparo en contra de una decisión de la SEP: “El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en la Ciudad de México otorgó un amparo al movimiento nacional “Educación con Rumbo” para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades responsables garanticen el derecho humano de los niños a la educación, y se abstengan de eliminar los grados escolares… El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz refirió que la orden de Juzgado del Poder Judicial de la Federación es para que la SEP se abstenga de eliminar los grados escolares de educación básica. Indicó que el fallo se basó en la defensa del derecho humano a la educación de los niños y del interés superior de los menores, que debe salvaguardarse en primer lugar frente a cualquier decisión de gobierno.” (El Economista, 17 de julio de 2022; nota firmada por Jorge Monroy).

La secretaria de Educación Pública en su momento, Delfina Gómez, declaró que no había razones para que procediera esa demanda, puesto que la SEP no tenía contemplado eliminar los grados escolares, sino que se trataba de un reordenamiento sugerido en el marco del nuevo diseño curricular propuesto por la dependencia.

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Con respecto a la demanda de amparo para suspender el plan piloto dentro de la iniciativa de cambio curricular para la educación básica (SEP, 2022), se ha dicho lo siguiente: “…este día se informó en diversos medios que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión para la entrada en vigor del Programa Piloto implementado por la SEP en 960 escuelas públicas… Lo anterior por considerarlo inconstitucional, además de que se analizará la constitucionalidad del Modelo Educativo… De acuerdo con el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, representante de la organización inconforme, afirmó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad.” (Profelandia, 2 de octubre, 2022).

Como se puede observar, es la misma organización y son los mismos actores sociales, personas físicas, quienes han interpuesto estas demandas de juicios de amparo indirectos ante las autoridades judiciales en contra de la SEP. La pregunta que surge ante esto es: ¿Quién patrocina a estas agrupaciones y personas físicas para colocar estas demandas judiciales? ¿Quiénes están detrás de estas estrategias de guerra judicial en contra de las decisiones de política pública que toma el actual gobierno del presidente López Obrador?

Evidentemente, este tipo de acciones no son aisladas, ni se concretan por casualidad. Se nota claramente en ellas una intencionalidad política y jurídica para crear un clima de boicoteo de las acciones gubernamentales, a través de un golpeteo en el orden judicial presuntamente en nombre del Estado de derecho.

El fenómeno social que consiste en usar o emplear una estrategia con objetivos y acciones jurídicas para desacreditar, descarrilar o debilitar a los adversarios o enemigos políticos, desde el poder público o desde la oposición, se conoce en lengua inglesa como “Lawfare”.

El Lawfare se ha aplicado en diferentes tiempos, en distintas coyunturas y en diversas naciones. Según el sitio: CATARATA, la “guerra legal o batalla jurídica”, no es desconocida por el Estado español. El franquismo se sirvió de la ley y de los tribunales de excepción para aniquilar a la disidencia política… A principios del siglo XXI (el gobierno de) Estados Unidos perfeccionó esta técnica a raíz de los atentados del 11-S. Hoy la estrategia del lawfare requiere de las complicidades del gobierno, de los medios de comunicación, de los operadores judiciales y, sobre todo, de un deep state que tiene como objetivo proteger la razón de Estado.”

En el libro Lawfare, “Damià del Clot denuncia tramas, conjuras, confabulaciones, corruptelas, intrigas, complots y conjuraciones que configuran el lawfare en el Estado español”, esto dicho en palabras de Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

WP define así el “Lawfare”: “Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare), es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. La persecución judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando (de gobierno), una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación.”

Una primera interpretación con respecto a los hechos registrados de demandas de amparo en contra ciertas decisiones del gobierno obradorista, consiste en señalar que se trata de una serie de acciones concertadas para desestabilizar y desacreditar al gobierno democráticamente electo.

Habrá que estar atent@s a los acontecimientos, identificar las causas y efectos de estos actos, y observar, en fin, los procedimientos que usan los opositores al régimen desde la derecha política, para alcanzar sus fines. Esto va más allá de la búsqueda y la consolidación de un Estado de derecho.

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