Como muchos acuerdos comerciales, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) firmado en 2018 incluye cláusulas de revisión periódica, la más relevante, en julio de 2026.
El proceso puesto en marcha durante 2025 inició con las consultas públicas previas y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó un avance del 90% en las negociaciones relacionadas con aranceles y ajustes técnicos.
Para México, más que un requisito institucional, el tratado representa una oportunidad estratégica para fortalecer la competitividad regional, atraer inversiones derivadas del nearshoring y consolidarse como el socio clave de Estados Unidos.
EU: posiciones encontradas
A pesar de presiones políticas y tensiones internas, la mayoría de los negociadores estadounidenses no buscan una ruptura, sino ajustes puntuales. Kenneth Smith, exnegociador, considera muy poco probable que Estados Unidos pretenda desmantelar el tratado.
Sin embargo, dentro del gobierno estadounidense existen posiciones encontradas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido la continuidad del marco trilateral y una renegociación técnica y razonable, pero el secretario de Comercio, Howard Lutnick, impulsa una visión más radical, orientada a regresar la mayor cantidad posible de procesos industriales a territorio estadounidense y mantener una postura beligerante en la guerra comercial, particularmente frente a China, una agenda que choca con los intereses de los sectores productivos y con la lógica de integración regional que sustenta al T-MEC.
Estados Unidos presiona para reabrir temas clave: reglas de origen, especialmente en la industria automotriz, disciplinas laborales y diversos mecanismos vinculados a seguridad nacional y cadenas de suministro. Todo ello en el marco de investigaciones internas que podrían dar pie a exigencias adicionales durante la revisión.
Las cámaras empresariales
Como ha señalado la exembajadora de México en Washington, Martha Bárcena, las organizaciones empresariales más influyentes de Estados Unidos se han manifestado por mantener la versión trilateral del T-MEC. Entre ellas, la U.S. Chamber of Commerce, la American Chamber of Commerce (AmCham), el Business Roundtable, la National Corn Growers Association (NCGA) y la Asociación de Consumidores de Tecnología (CTA).
Si bien, todas reconocen el tratado como clave en la integración de cadenas de valor, el comercio intrarregional y la competitividad de América del Norte, expresan crecientes preocupaciones sobre el Estado de derecho, la certeza jurídica y la protección a las inversiones en México.
En su reporte anual de clima de inversión, el Departamento de Estado señaló que las reformas judiciales mexicanas podrían afectar la imparcialidad del sistema y generar incertidumbre regulatoria.
La AmCham en México ha advertido que los cambios al Poder Judicial representan riesgos para la independencia judicial, la profesionalización y la previsibilidad legal, factores esenciales para cualquier acuerdo comercial moderno.
México y las tensiones internas
Aunque, para México la negociación representa una oportunidad estratégica, Ebrard destaca las ventajas estructurales de posición geográfica, proximidad a EE. UU. e integración productiva, como fuerza para negociar; desde la presidencia y las bancadas de Morena se mantiene un discurso crítico hacia la inversión privada, la apertura comercial y los organismos autónomos, generando mensajes contradictorios frente a los socios.
Mientras, en el sector privado también hay posiciones encontradas. Algunos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), apoyaron en su momento la reforma judicial, mientras otros alertaron sobre un debilitamiento institucional. La reciente renovación del liderazgo del CCE con José Medina Mora refleja esta tensión interna y la creciente inquietud sobre la dirección económica del país.
Por otro lado, la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha encendido alarmas entre empresas nacionales y extranjeras.
La eliminación de organismos esenciales para la regulación técnica e independiente de sectores estratégicos, podría generar fragmentación regulatoria en áreas nodales como telecomunicaciones, energía y competencia económica.
El reto energético
Uno de los elementos decisivos para el nearshoring y la revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, es la disponibilidad de energía suficiente, limpia y competitiva. Sin embargo, la política energética, con un trato preferencial hacia PEMEX y CFE y prácticas fiscalizadoras del SAT percibidas como discrecionales, se ha convertido en un freno a la inversión.
Ana Laura Ludlow en su análisis sobre la revisión del T-MEC señala el tratado como oportunidad para avanzar hacia la transición energética. En 2024, el nearshoring impulsó inversiones por más de 40 mil millones de dólares, lo que exige un sistema energético robusto y sostenible, y advierte que la falta de seguridad regulatoria puede ser un obstáculo en las negociaciones.
¿Rumbo al T-MEC o hacia una relación bilateral?
La encrucijada está en fortalecer el T-MEC como plataforma trilateral de integración regional o aceptar una relación comercial bilateral con Estados Unidos, donde los aranceles podrían establecerse de manera discrecional y sujetarse a criterios políticos, lo que afectaría a productos mexicanos que no cumplan con estrictas reglas de contenido regional.
No conviene a Estados Unidos ni mucho menos a México, porque el T-MEC ha sido pilar para la estabilidad económica regional. Sin embargo, las contradicciones internas, las reformas institucionales y los retos energéticos y regulatorios mantienen la moneda en el aire.
El desenlace dependerá de la capacidad de México para ofrecer certidumbre, fortalecer sus instituciones y aprovechar inteligentemente el proceso de revisión.
X: @diaz_manuel