En los últimos meses, el tema del huachicol fiscal ha cobrado protagonismo en la agenda nacional. Lo que parecía una modalidad marginal del contrabando de combustibles, ha emergido como uno de los escándalos fiscales más relevantes del país.
El gobierno federal ha llevado esta lucha al frente del discurso público: decomisos históricos de millones de litros, operativos coordinados, detenciones de altos mandos navales y aduanales, así como la apertura de carpetas de investigación contra funcionarios públicos. De acuerdo con El País, la administración de Claudia Sheinbaum ha incautado más de 39 millones de litros de combustible en lo que va del año, marcando un antes y un después en la narrativa del combate al contrabando.
Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿qué sucede cuando la mancha alcanza al sector privado? ¿Cómo proceder cuando empresas y empresarios presuntamente operan dentro de las estructuras del huachicol fiscal?
Avances visibles en la estrategia oficial
Según Infobae, la operación del buque Challenge Procyon permitió descubrir una red internacional que importaba diésel bajo fracciones arancelarias de petroquímicos exentos, eludiendo impuestos por miles de millones de pesos.
En este mismo caso, la Fiscalía General de la República identificó a más de 500 empresas como posibles beneficiarias de estas operaciones, de las cuales al menos 54 gasolineras estarían involucradas, de acuerdo con Latinus.
Asimismo, El Universal reportó que se han solicitado alrededor de 200 órdenes de aprehensión contra agentes aduanales y militares, lo que muestra la seriedad de las investigaciones en el ámbito público. Estos avances reflejan un esfuerzo sostenido y una coordinación interinstitucional inédita.
El reto con los privados: el caso Carvel y otros nombres
Pero el verdadero reto para las autoridades comienza cuando se trata de empresas y empresarios privados. Aquí no basta con operativos policiales, pues entran en juego factores como litigios estratégicos, redes de poder económico y la resistencia de intereses locales.
Uno de los casos más mencionados recientemente es el de Energética Carvel, con sede en Chihuahua. Según Latinus, esta empresa fue señalada como parte de un entramado de gasolineras que crecieron al amparo de importaciones irregulares de combustible.
En esa misma investigación se detalla que el empresario Carlos Alberto Velázquez Nieto, dueño de Carvel, es socio de hasta 26 empresas, entre ellas una dedicada a la renta de aeronaves.
De acuerdo con el medio Tiempo, de Chihuahua, Carvel ya había sido objeto de investigaciones desde 2018 y, en 2019, se clausuraron gasolineras vinculadas a esta firma y a otras gasolineras llamadas Black Gold. Ese mismo medio también señala que Velázquez Nieto habría obtenido contratos públicos, entre ellos, uno por 47 millones de pesos en el municipio de Aldama, Chihuahua.
Por su parte, La Opción, de Chihuahua publicó que Velázquez Nieto figuraba en listas de contribuyentes con irregularidades fiscales desde 2020. En ese mismo reportaje se documenta que una de sus estaciones de servicio fue utilizada como escaparate de autos de colección por un exfiscal local, lo que despertó cuestionamientos sobre los vínculos entre la empresa y figuras de la política regional.
Otros ejemplos que apuntan al mismo patrón: Carvel no es un caso aislado
Según Infobae, otras empresas como Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos y Era Tech Combustibles han sido señaladas dentro de las investigaciones de la FGR. En el mismo reporte se detalla que, en total, 555 empresas y, al menos ocho puertos del país, aparecen vinculados en las pesquisas.
A su vez, Infobae recordó que la multinacional Vitol ha estado bajo escrutinio por presuntas prácticas irregulares en México, incluyendo sobornos y manipulación de contratos de importación de combustibles. Estas menciones, aunque aún en etapa de investigación, muestran que el problema no se limita a actores locales, sino que también alcanzan a compañías con presencia global.
Un desafío de gran calado
Expertos consultados por medios nacionales coinciden en que la modalidad de huachicol fiscal representa un nivel de sofisticación mucho más alto que el robo tradicional de ductos. Según Infobae, las redes involucran empresas fachada, documentos aduanales clonados, manipulación de fracciones arancelarias y hasta control de rutas marítimas por organizaciones criminales.
Esto plantea preguntas cruciales:
¿Se aplicarán sanciones ejemplares a las empresas privadas implicadas?
¿Se transparentarán las carpetas de investigación para dar certeza a la ciudadanía?
¿Qué garantías habrá de que no exista impunidad en los casos donde hay contratos públicos de por medio?
Indiscutiblemente… El combate al huachicol fiscal se ha convertido en una de las batallas más importantes de la administración federal. Los avances en el ámbito público son evidentes, pero el verdadero desafío está en el terreno privado, donde empresas con redes de poder y capacidad de litigio podrían poner a prueba la voluntad del Estado.
Casos como el de Carvel, documentados por Latinus, y otros señalados por medios como Infobae y El Universal, evidencian que el tema no se agota en el discurso oficial. El desenlace de estas investigaciones no solo definirá la credibilidad de la actual estrategia, sino que también marcará el futuro de la lucha contra la evasión y el contrabando en México.
X: @CalderonHallal1 / X: @pequenialdo