La autoproclamada 4T ha normalizado los escándalos de corrupción. Como si no fuese suficiente escuchar sobre el enriquecimiento de los políticos, los viajes en primera clase de los funcionarios, el dispendio en tiendas de lujo y la compra inexplicable de residencias de decenas de millones de pesos, se han sumado ahora los contratistas del gobierno.
Ayer se informó sobre la organización de una fiesta de XV años en Villahermosa, Tabasco, que contó con la presencia de artistas y presentadores famosos como Belinda, Galilea Montijo, entre otros. El padre de la festejada habría gastado alrededor de 2 millones de dólares en la contratación de las celebridades y en el viaje privado de la cantante mexicano-española desde Madrid hasta la capital tabasqueña.
Según ha trascendido, el padre de la quinceañera (cuyo nombre he decidido omitir) habría recibido 1,800 millones de dólares en contratos con Pemex por adjudicación directa. Se trataría, pues, de un empresario extremadamente bien “conectado”, lo que le habría permitido conocer a las más altas esferas de la paraestatal mexicana.
No resulta una sorpresa en el México obradorista. Si bien la corrupción y el conflicto de interés han sido desde siempre problemáticas endémicas, hoy el descaro ha tomado nuevos tintes. Como si no existiera ni un atisbo de brújula moral, un “contratista” del Estado mexicano luce su fortuna en un abierto desdén hacia la ética política.
Este caso reciente se ha sumado a otros que han tenido lugar en Tabasco. Esta entidad, una de las cunas del obradorismo como la Ciudad de México, se ha convertido en el epicentro de una corrupción rampante que no solo ha destruido la imagen del estado, sino que es la base de operaciones de La Barredora, y que está relacionada con el gobierno de Adán Augusto López y de la familia del expresidente AMLO, cuyos parientes continúan en funciones en el gobierno local.
Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que solo representa la punta del iceberg de un océano de corrupción que pasa por el huachicol fiscal, por los contratos otorgados a conveniencia y por Pemex, mientras la petrolera mexicana suma pérdidas millonarias en medio de la opacidad y de la ineficacia de los funcionarios que la dirigen.
Y en adición, la desaparición de los organismos de transparencia como el INAI ha hecho imposible que el descubrimiento de estos escándalos tenga lugar a través de los canales institucionales. Sin embargo, la nueva noticia es que aún existen periodistas de investigación valientes dispuestos a jugarse su reputación, y tal vez, su vida, en favor de la obligación de contarles la verdad a los mexicanos.