La expropiación es la facultad del Estado que, por excelencia, pone nerviosas a las empresas multinacionales. De paso, a los inversionistas de bolsa de valores (que esos se ponen nerviosos por todo), y a los clasemedieros bien pensantes que creen que, si hoy es un ingenio azucarero, mañana será la azucarera de mi casa (por el dogma libertario de que el gobierno no tiene llenadera y eso).
Efectivamente, hay un núcleo de verdad en el hecho de que la facultad expropiatoria es una de las caras más palpables del poder estatal en su dimensión propiamente jerárquica, administrativa, de constatación pública de violencia legítima. Pocos ejemplos más ilustrativos de la existencia de una entidad con imperio que la conversión unilateral de una propiedad privada, en propiedad pública. No es coincidencia que los gobiernos revolucionarios, recién llegados al poder, hagan una oleada de expropiaciones y nacionalizaciones (se expropian bienes, se nacionalizan actividades), para mostrar quién manda ahora, y desterrar a las viejas élites despojándolas de sus posesiones, que una aristocracia sin propiedades es mero apellido rimbombante. Empero, también es, en todos los países, una figura de derecho y no de fuerza bruta, regulada en las constituciones y en leyes especiales (en México en la Ley de Expropiación).
La prensa está manejando la ocupación temporal de vías del gobierno federal como una expropiación, pero no, son cosas distintas, y también la están confundiendo con la reversión de la concesión. No viene al caso entrar en distinciones técnicas, pero podemos conceder que las tres se refieren a modalidades particulares de uso, disfrute y disposición de la propiedad, donde el Estado impone unilateralmente medidas o condiciones a los particulares, en aras de proteger el interés público. Todas ellas, con sus asegunes, implican también compensación al particular, en forma de indemnización o aprovechamiento temporal de frutos y productos.
Ahora bien, uno de los conflictos naturales es que lo que unos consideran utilidad pública, otros no, y los opositores a la autoridad siempre dirán que es más un capricho o una medida despótica, que cualquier defensa del interés colectivo. Y no se espera otra cosa. Pero aunque se asocia con gobiernos populistas de izquierda, y el poster boy de las mismas es Hugo Chávez o Fidel Castro, lo cierto es que casi todos los Estados han hecho uso de ella en algún momento, porque en su centro de gravedad, la imposición de modalidades o privación legal de la propiedad, es la manifestación de la prevalencia del interés público sobre el interés particular. De hecho, irónicamente, Donald Trump es un ferviente defensor de la expropiación, que defendió vehemente desde su primer campaña, que hoy se pierde en la noche de los tiempos demagógicos. Pero lo que quiero mostrar es que la expropiación no es monopolio de una ideología específica.
En México, una búsqueda rápida en la red nos arroja resultados del diario oficial donde emitieron decretos expropiatorios y de ocupación temporal casi todos los presidentes. Los tiene Fox (de predios, ingenios azucareros), Calderón (Luz y Fuerza), Ernesto Zedillo (que expropió 2300 hectáreas e indemnizó con 2 millones de pesos a la comunidad afectada, pagando a 8 centavos el metro cuadrado) y prácticamente todos los demás. Con esto no quiero decir que “fulano expropió más” o que “pero no eran iguales”. No se trata de eso, sino de dimensionar que esta facultad es parte de la vida política de los gobiernos, y es parte, además, no de los estados de excepción y las emergencias, sino de la normalidad constitucional y democrática, por eso está reglada, por eso requiere indemnizar al afectado, y por eso hay que motivar la utilidad pública. Podrá ser muchas cosas, y la discrecionalidad no gusta, pero no es una mera arbitrariedad.
Paradójicamente, estos últimos años han sido prolíficos en expropiaciones, en todo el mundo. Si el presidente de México hubiera querido expropiar algo, hubiese tenido carta abierta el primer año de la pandemia. Lo hicieron los gobiernos conservadores de Europa, como Alemania y Noruega, con sus aerolíneas. Pero no lo hizo. Quiere decir que no es una facultad que guste de utilizar, ya sea porque es demasiado costosa políticamente, o porque su utilización es bastante anti liberal, dicho sea con verdad.
Una de las cosas con las que la izquierda mexicana tuvo que lidiar y aún lo hace, es en distanciarse de regímenes como el chavizmo venezolano, famoso por expropiar sin ton ni son, por razones desde retóricas hasta de cursilería del difunto comandante (una vez expropió, en tiempo real frente a las cámaras, un edificio, porque “era muy bello”, así, mientras paseaba). Las expropiaciones y las nacionalizaciones deben ser usadas con cuidado por los presidentes que se asumen de izquierda y que tienen el estigma del populismo. Pero no son ilegales, y si están adecuadamente fundadas y motivadas, tampoco son arbitrarias.