Enero es, para millones de ciudadanos, una auténtica pesadilla administrativa. Es el mes en que convergen pagos, refrendos, renovaciones y trámites que el Estado exige puntualmente, pero gestiona con torpeza: largas filas, plataformas digitales que fallan, ventanillas sin información clara, requisitos contradictorios y horarios que castigan a quien trabaja. El ciudadano llega con la obligación cumplida y sale con la sensación de haber perdido tiempo, dinero y dignidad. Lo que debería ser un ejercicio rutinario de cumplimiento cívico se convierte en una experiencia de desgaste que alimenta el enojo y la desconfianza hacia las instituciones. Enero no revela una falta de voluntad de pago, sino una falla más profunda: un Estado que exige eficiencia al contribuyente, pero no se la exige a sí mismo.
En el debate público contemporáneo hay una confusión peligrosa que se repite con insistencia: criticar el mal funcionamiento del Estado no es lo mismo que debilitar la democracia, pero en contextos de polarización esa distinción se pierde con facilidad. Ese es, quizá, el hilo conductor más inquietante de las reflexiones recientes de los profesores Don Moynihan, Jennifer Pahlka y Elizabeth Linos sobre la capacidad del Estado: la advertencia de que la frustración legítima con la burocracia puede convertirse en la antesala de un ataque más profundo contra el gobierno democrático.
La conversación organizada, a fines del año pasado, por la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard bajo el título Rebuilding State Capacity for Inclusive Economic Transformation no fue un ejercicio académico más. Fue, en realidad, una disección precisa de una paradoja que atraviesa a muchas democracias hoy: los ciudadanos exigen gobiernos que resuelvan, pero viven atrapados en Estados diseñados para no decidir. Y cuando la política promete cortar de tajo esa parálisis, el riesgo es que el bisturí se convierta en motosierra.
La burocracia como experiencia cotidiana
Uno de los aportes más influyentes de Don Moynihan ha sido poner nombre a algo que millones de personas experimentan a diario pero pocas veces conceptualizan: las cargas administrativas. No se trata solo de trámites; se trata del tiempo, el esfuerzo cognitivo y el desgaste emocional que implica interactuar con un Estado hiperprocedimentalizado. Formularios interminables, requisitos opacos, reglas que cambian según la ventanilla o el funcionario.
Moynihan recuerda que incluso alguien con un doctorado en administración pública puede sentirse perdido frente a los procesos migratorios o los sistemas de apoyo social. Esa anécdota revela algo esencial: cuando el Estado se vuelve incomprensible, deja de ser un derecho y se convierte en una carrera de obstáculos. En sociedades desiguales, esa complejidad no es neutral; excluye de facto a quienes menos recursos tienen para navegarla.
Este diagnóstico resuena con fuerza en países donde el acceso a derechos sociales, permisos, apoyos o justicia dependen demasiado de la capacidad individual para descifrar laberintos administrativos. La burocracia no solo administra: distribuye poder, y cuando lo hace mal, erosiona legitimidad.
El Estado atrapado en su propio procedimiento
Jennifer Pahlka añade una capa crucial al problema: no solo los ciudadanos sufren la burocracia; también los propios funcionarios están atrapados en ella. La sobreabundancia de reglas, manuales, controles y procesos —muchas veces creados para evitar abusos del pasado— termina impidiendo que el gobierno funcione en el presente.
Pahlka describe a un Estado que opera bajo un “modelo de proyecto”: objetivos rígidos, tiempos fijos, cumplimiento formal. Frente a ello propone un “modelo de producto”: gobiernos que diseñan servicios con foco en resultados, capaces de adaptarse, corregir y mejorar continuamente. No es una idea tecnológica; es una idea de gobernanza.
El punto es profundo: un Estado que solo sabe cumplir procedimientos, pero no resolver problemas, se vuelve irrelevante. Y esa irrelevancia alimenta el descrédito democrático.
Procedimentalismo y politización: una combinación tóxica
Moynihan identifica dos fuerzas que hoy asfixian la capacidad estatal: el procedimentalismo excesivo y la politización. La primera paraliza; la segunda deslegitima. Juntas, crean gobiernos incapaces de actuar y permanentemente cuestionados.
Este diagnóstico es especialmente pertinente para América Latina. En muchos países, los controles y regulaciones se multiplicaron como reacción a la corrupción. Pero, sin rediseño institucional, esos controles se convirtieron en capas superpuestas que ralentizan todo. Al mismo tiempo, la politización convierte cualquier reforma administrativa en sospechosa de intención ideológica.
El resultado es un círculo vicioso: el Estado no entrega resultados, la ciudadanía pierde confianza, y los liderazgos autoritarios prometen “orden” a cambio de concentración de poder.
El riesgo de confundir reforma con demolición
Aquí aparece el punto más inquietante de la conversación. Moynihan advierte explícitamente sobre el riesgo de deslizamiento autoritario, donde el control de la burocracia se convierte en parte de un plan para debilitar contrapesos democráticos. No se trata de una distopía lejana; la ciencia política comparada muestra cómo muchas democracias colapsan no por golpes de Estado, sino por la erosión gradual de normas y equilibrios.
Pahlka introduce un matiz clave. Ella reconoce que muchos servidores públicos sienten una frustración tan profunda que estarían dispuestos a aceptar “un poco de motosierra” si eso les permitiera servir mejor a la gente. Esa disposición revela algo importante: la reforma administrativa es una demanda interna, no solo externa.
Pero el riesgo está en el lenguaje y en la intención. Desmantelar por desmantelar no construye capacidad; solo la rediseña cuando hay propósito, evidencia y límites claros. La metáfora importa: no es lo mismo reformar para servir mejor que destruir para controlar.
Capacidad del Estado y confianza democrática
Elizabeth Linos plantea la pregunta central: ¿cómo se reconstruye la confianza en el gobierno?. La respuesta que emerge de la conversación es incómodamente simple: cumpliendo. No con retórica, no con grandes reformas legales, sino con experiencias cotidianas que funcionen.
La confianza en la democracia no se genera en discursos presidenciales; se construye cuando una persona puede registrar un negocio sin corrupción, recibir un apoyo sin humillación, acceder a un servicio sin intermediarios. La democracia se legitima en la ventanilla, no solo en las urnas.
Moynihan añade que la transparencia atrae más que la promesa de eficiencia abstracta. Pero la transparencia sin resultados tampoco basta. Se requiere una teoría del poder –quién decide y por qué– y una teoría de la rendición de cuentas –quién responde cuando falla–.
Una lección para la región
Las reflexiones de Moynihan, Pahlka y Linos no son exclusivamente estadounidenses. Son un espejo incómodo para democracias como las de América Latina. Aquí también enfrentamos Estados sobrerregulados e ineficientes, ciudadanías frustradas y liderazgos tentados por soluciones expeditas que prometen “acabar con la burocracia” sin distinguir entre capacidad y control.
La lección es clara: sin capacidad del Estado, no hay democracia que resista. Pero esa capacidad no se construye con autoritarismo, sino con diseño institucional inteligente, evidencia, profesionalización y foco en el usuario.
Reformar el Estado no es un acto de fuerza; es un ejercicio de humildad técnica. Hay que aceptar que muchas reglas ya no sirven, pero también que los contrapesos existen por una razón. Es necesario escuchar a los servidores públicos y a los ciudadanos al mismo tiempo.
Gobernar bien es defender la democracia
La gran advertencia de esta conversación en Harvard es que la democracia no muere solo por ataques externos, sino por su incapacidad para resolver problemas básicos. Cuando gobernar se vuelve imposible, la tentación autoritaria se vuelve atractiva.
Por eso, reconstruir la capacidad del Estado no es un asunto administrativo; es una tarea profundamente política y democrática. No hacerlo abre la puerta a quienes ofrecen eficiencia sin derechos, orden sin pluralismo y decisiones sin rendición de cuentas.
En tiempos de impaciencia y enojo social, la respuesta no puede ser ni la parálisis burocrática ni la demolición institucional. Debe ser algo más difícil y más valioso: un Estado que funcione, porque solo un Estado que funciona puede sostener una democracia que importe.