Por sus implicaciones, el conflicto entre el SAT y Samsung Electronics México ha encendido las alarmas no solo en el sector empresarial, sino en todo el ecosistema de inversión extranjera en el país.
En el centro de la controversia se encuentra el programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), diseñado para incentivar la manufactura de exportación al permitir la importación temporal de insumos sin el pago de impuestos, siempre que estos se utilicen para producir bienes que luego serán exportados.
Mensajes negativos
La disputa surge por el uso de una modalidad dentro del programa conocida como “importación virtual” o “retorno virtual de mercancías”, mediante la cual las empresas pueden vender productos manufacturados en el mercado nacional, aunque los insumos hayan sido importados temporalmente. Esta operación, aunque legal y común, ha generado diferencias interpretativas sobre el cálculo del IVA.
El SAT acusa a Samsung de omitir pagos del impuesto bajo esta modalidad y ha estimado un adeudo que, dependiendo del enfoque, puede ir desde 6 mil 700 millones de pesos hasta más de 300 mil millones, si se suman multas, recargos e intereses.
Por su parte, Samsung afirma que el gobierno pretende aplicar una doble tributación, cobrándole IVA tanto por los insumos importados como por los productos terminados vendidos en México, lo cual considera injusto y excesivo.
Actualmente, el caso se encuentra en los tribunales mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido no atraer el expediente, dejando la resolución en manos de instancias inferiores.
Para muchos analistas, esto deja a Samsung en estado de indefensión y envía un mensaje negativo a la inversión extranjera y al comercio exterior.
Samsung busca solución
Aunque Samsung ha expresado su intención de continuar en México, lo hará solo si se logra una solución “constructiva” con las autoridades fiscales, advirtiendo que de confirmarse una resolución negativa, podría reducir sus operaciones o incluso abandonar el país, trasladando su inversión y producción a otros destinos en América Latina.
Este conflicto no se puede considerar un caso aislado. Podría sentar un precedente muy peligroso para otras compañías que operan bajo el esquema IMMEX. Si se valida la interpretación fiscal del SAT, se abre la puerta a que muchas otras empresas enfrenten cargos similares.
Por otra parte, la controversia podría afectar indirectamente la revisión o renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), comprometiendo su credibilidad.
En términos políticos, esta situación da al traste al esfuerzo del gobierno, en este caso del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por atraer inversión internacional.
Desde el punto de vista empresarial, el monto reclamado por el SAT representa varios años de utilidades y afecta directamente el modelo de negocio de Samsung basado en la manufactura para exportación desde México.
Pero el impacto va mucho más allá de una sola compañía, si una empresa como Samsung —que ha sido un pilar en el sector manufacturero electrónico— considera retirarse del país, se pone en riesgo el empleo, la inversión y la competitividad de una industria entera.
Fuga de capitales
Este caso también se enmarca en un contexto más amplio: la fuga de capitales. En lo que va de 2025, se han retirado más de 103 mil millones de pesos en capitales invertidos en instrumentos del gobierno. Solo en abril, la salida alcanzó los 41mil 864 millones de pesos, cifras que reflejan desconfianza de los inversionistas en la estabilidad económica y regulatoria del país.
Entre los factores detrás de esta fuga está la incertidumbre política y fiscal. Cuando los inversionistas perciben inseguridad jurídica o cambios regulatorios agresivos, tienden a proteger su capital y retirarlo.
El caso de Samsung es emblemático, como una acción del SAT que genera más dudas que certezas y que puede interpretarse como un intento recaudatorio desproporcionado, disfrazado de legalidad.
Las consecuencias
La reducción de capital disponible en el país implica menos recursos para infraestructura, proyectos productivos, servicios urbanos y mantenimiento, dicha escasez ya se refleja en problemas visibles y que afectan a la población en general, como calles en mal estado, obras detenidas, caída en inversión pública e incluso en retrasos en pagos a empleados del propio SAT, que se han acercado peligrosamente a una huelga.
Lo alarmante es que la fuga de capitales debilita al peso mexicano, presiona al alza los precios y encarece el financiamiento externo, lo que afecta al gobierno y a empresas privadas. En un entorno global competitivo, cualquier señal de inestabilidad puede provocar que grandes inversionistas busquen destinos más predecibles y menos conflictivos.
Lo que ocurre con Samsung se ha convertido en el símbolo de una mala práctica fiscal que, si no se corrige, podría afectar gravemente el desarrollo económico del país.
No se trata de un litigio entre una empresa y el SAT, sino de una decisión estructural sobre cómo quiere México relacionarse con el capital extranjero: con reglas claras y competitivas, o con interpretaciones fiscales punitivas que espanten la inversión y frenen el crecimiento.
X: @diaz_manuel