La agenda para el cierre de gobierno resulta peculiar, por decir lo menos, pues no se corresponde con una administración que se encuentra ante su fase de finalización, y que es de suponerse debiera encontrarse en la óptica de preparar adecuadamente su etapa de término.

A estas alturas de su gestión, el gobierno habla de una reforma administrativa para reordenar el aparato de instituciones que lo conforman y, específicamente, con la idea de suprimir a los órganos autónomos so pretexto de reducir gastos innecesarios y por considerar a tales entidades como innecesarias. Por cierto, entre ellas, por fortuna, no incluye al Banco de México, en tanto se trata de un organismo que ha sido clave en la conquista de la estabilidad monetaria y financiera del país.

La lógica implícita en esa visión supresora resulta desconcertante, pues si tales órganos son inútiles ¿por qué se les toleró durante la mayor parte de la administración? A contrario sensu esto quiere decir que el gobierno estuvo de acuerdo en dilapidar los recursos que demandó la operación de dichos organismos y que hasta ahora repara en ese despilfarro, por lo que debería asumirse que, entre tanto, fue irresponsable o cuando menos omiso o indiferente ante una sangría importante.

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Resulta evidente que esa ecuación tiene otra respuesta, pues ni el gobierno fue simplemente tolerante con el funcionamiento de organismos irrelevantes, ni hasta ahora reparó en ello. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI; la Comisión Nacional de Competencia, COFECE, la Comisión Reguladora de Energía, CRE; y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, se mantuvieron porque constituyen un andamiaje institucional propicio para el buen funcionamiento del Estado, aunque el modelo aperturista hacia las inversiones extranjeras, y privadas en general, en materia de energía, de exploración y extracción petrolera se haya modificado.

Más bien lo que ocurre, especialmente con el INAI, es la molestia del gobierno ante un órgano que sirve para generar circuitos de información y análisis que escapan del dominio y control de la administración gubernamental, en un marco que favorece la discusión pública, la crítica sustentada y la dinámica de la rendición de cuentas en los aforos abiertos y del Congreso.

En general, al gobierno no le resultan gratas las instancias autónomas que, por su naturaleza, generan posturas y decisiones no necesariamente alineadas a sus opiniones que, además, tienen libertad para emitir su punto de vista y que ejercen contra pesos. Al respecto existen múltiples constancias, como lo es la ligereza con la que reiteradamente presentó opciones para renovar a los integrantes de los colegiados de esos órganos, cuando le correspondió hacer las propuestas correspondientes. Su máxima de 90% de lealtad y de 10% de capacidad es suficientemente ilustrativa.

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También obra constancia de declaraciones de parte del gobierno en el sentido de pretender recuperar la organización de las elecciones, y del reiterado combate o controversia que mantuvo con la gestión anterior del INE, así como de las acciones encaminadas para diezmar su presupuesto. En fin, no puede haber duda de que para el gobierno los órganos autónomos son incómodos y de que ha sostenido una abierta lucha para minimizarlos y reducirlos.

¿Por qué hasta ahora plantea el gobierno la eliminación de los órganos autónomos? Todo indica que no es coincidencia el que tal hecho ocurra al final de su administración y de cara al proceso electoral, pues se trata de lograr un mejor y más directo control de la administración y de la canalización de su gasto, sin la influencia de elementos o unidades que le son externas.

El tema de la información a través del INAI tiene especial relevancia. No puede olvidarse que se trata de una institución que puede accionar flujos informativos potencialmente molestos al gobierno, además de que permitan el acceso a datos que sean importantes en las campañas políticas de 2024, especialmente para la oposición, así como para el ejercicio del análisis crítico en la academia, la investigación o el periodismo.

Dentro de esa perspectiva de fin de gobierno y, especialmente, de la temporada electoral, resulta claramente explicable el interés de la administración por deshacerse de esos molestos órganos que tienen como característica estar fuera de su control directo y que, por lo tanto, le son incómodos. Se corresponde con esa visión inscrita en la fase electoral, el ejercicio de un presupuesto que genera un déficit relevante por los gastos en que habrá de incurrir, entre los que, desde luego, se encuentran las ayudas directas que proporciona y que están proyectados para retribuir un importante apoyo electoral a los candidatos del partido en el poder.

No hay duda de que el fin del ejercicio de la responsabilidad del gobierno en funciones, tiene una agenda marcada por la prioridad electoral. Gastar más con un presupuesto holgado para brindar apoyos directos y construir lealtades que se traduzcan en votos, así como quitar del camino a instituciones que escapan a su control y que, alguna de ellas, puede alimentar a la oposición. El gobierno se convierte en el operador electoral de su partido.