La presidenta Claudia Sheinbaum, en una de las más desafortunadas intervenciones en su carrera, señaló abiertamente hace dos días que la oposición y los medios de comunicación que cuestionaban las acciones del gobierno federal en el caso de Carlos Manzo era “buitres”. Sí, con una expresión poco digna de una jefa de Estado, la presidenta ha pretendido –como podía anticiparse- mirar hacia el pasado, nombrar a Felipe Calderón y recordar a García Luna, como si ellos (el gobierno) no contasen con todas las herramientas del Estado (jurídicas, al menos), para haber evitado el catastrófico desenlace del alcalde de Uruapan.

No, no es carroña. En primer lugar, la responsabilidad de la pacificación del país y del combate contra el crimen organizado corresponde al gobierno federal. A diferencia de los crímenes del fuero común, mismos que caen en el ámbito de competencias de las entidades, el combate contra los narcos es facultad –así como obligación constitucional y ética- del Ejecutivo federal.

En segundo lugar, no es carroña porque AMLO, su sucesora y la pléyade de conspicuos morenistas ascendieron al poder con la consigna de cambiar la fallida política de seguridad implementada por los presidentes Calderón y Peña. Han fallado. Y lo han hecho estrepitosamente. De acuerdo con los indicadores y a numerosos estudios, el crimen organizado controla un tercio del territorio nacional y prácticamente la totalidad del estado de Michoacán.

En tercer lugar, Manzo, sabedor de los riesgos que conllevaba ser alcalde de Uruapan y de presentarse públicamente como enemigo del crimen organizado, solicitó el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional. Si bien hubo inicialmente una respuesta favorable, a la postre sería abandonado, como sucedió lamentablemente hace unos días en el centro de la ciudad.

En cuarto lugar, el obradorismo ha gobernado durante siete años. Se han dotado de todos los medios ilegítimos de poder constitucional para ejercerlo sin cortapisas. Y como resultado, en vez de cosechar éxitos en materia de seguridad, la violencia ha aumentado, mexicanos han desaparecido y el crimen organizado se ha convertido en el amo y señor de un México con miedo, perturbado y profundamente herido.

No, las voces alzadas para denunciar la negligencia del gobierno federal en Michoacán no es carroña política, sino exigencias legítimas de millones de mexicanos que claman paz y seguridad en todo el país.