En tiempos donde la política suele confundirse con espectáculo, el episodio ocurrido en Baja California dejó una señal clara: la presidenta Claudia Sheinbaum no está dispuesta a gobernar desde la simulación ni a tolerar la frivolidad.
El llamado de atención que dirigió a diputadas, diputados, senadoras y senadores durante su gira en San Quintín no fue un exabrupto ni un desplante de carácter. Fue, en realidad, un acto de autoridad política y un recordatorio contundente del sentido original del servicio público: estar con la gente, no con la cámara.
El contexto importa. San Quintín no es un escenario para la selfie ni un fondo para la autopromoción. Es una región marcada por rezagos históricos, por la precariedad laboral de miles de jornaleros agrícolas y por una deuda social que ningún discurso vacío puede saldar. En ese entorno, ver a representantes populares más preocupados por la foto que por el fondo del mensaje era, como mínimo, una falta de sensibilidad política.
Sheinbaum entendió algo esencial: el poder también se ejerce poniendo límites, incluso —y, sobre todo— hacia adentro. Su mensaje fue directo: el movimiento que gobierna México no puede reproducir los vicios de la vieja política, esa que se alejaba del territorio y se refugiaba en la comodidad del cargo. Lejos de debilitarla, este episodio fortalece su liderazgo. Manda una señal doble: hacia la ciudadanía, de que no tolerará actitudes ajenas al compromiso social; y hacia su propio partido, de que el respaldo legislativo no exonera del trabajo en campo ni del contacto permanente con la realidad.
En un país donde durante años se criticó la desconexión entre representantes y representados, la presidenta decidió no guardar silencio ni suavizar el mensaje. Gobernar también es incomodar, cuando lo que está en juego es la congruencia entre el discurso y la acción.
Más que un regaño, fue una definición de estilo. Y en política, eso vale mucho.