El ambiente está cada día más caliente en Baja California, al parecer se ha desatado una guerra por el poder hacia las candidaturas del 2027, incluida una guerra sucia entre los posibles contendientes, al menos así lo afirman diversos sectores.

En esta pugna por el poder han sido difamados y señalados empresarios, funcionarios públicos y líderes de opinión. Al parecer la guerra se desató a partir de varios acontecimientos como el escándalo de la Visa de la gobernadora, Marina del Pilar; la falta de control del Gobierno del Estado; los hermanos Torres con el huachicol y los problemas con el Departamento del Tesoro.

La entidad fue gobernada por más de 30 años por el PAN y al llegar Jaime Bonilla se dieron una serie de movimientos en los que quedó implicada la actual gobernadora; el exdelegado del Bienestar, Luis Uribe; el senador, Armando Ayala y se dice que hasta la nueva ahijada de Marina del Pilar, la senadora, Julieta Ramírez Padilla, todos inmersos en una guerra sucia en donde se han sumado medios locales y más actores políticos.

Allegados al poder bajacaliforniano piden a la ciudadanía no hacer caso de todo lo que se publica y se dice. Se manejan nombres detrás de todo el enredo político que se ha dado en el estado, tales como: Jaime Bonilla, Jesús Uribe, Carlos Torres Torres, Armando Ayala, Óscar “El Güero” García, Armando Carrasco, Nezahualcóyotl Jáuregui y Julieta Ramírez.

A pesar de los llamados a la calma, diversos analistas sostienen que la confrontación interna apenas comienza y podría intensificarse conforme avancen los meses. Señalan que los grupos en disputa no solo buscan posicionar a sus aspirantes, sino asegurar estructuras territoriales y controlar la narrativa pública, lo que ha provocado una avalancha de filtraciones, acusaciones y desmentidos que dificultan distinguir entre hechos y operaciones políticas.

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Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente desconfianza la manera en que los conflictos entre élites se convierten en el centro de la agenda pública, dejando en segundo plano los problemas reales del estado. Inseguridad, falta de infraestructura, crisis migratoria y el deterioro de servicios básicos continúan sin resolverse, mientras los bandos políticos parecen más enfocados en desgastarse mutuamente que en ofrecer soluciones de fondo rumbo al 2027.

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