Por años, el discurso de la Cuarta Transformación ha sostenido que “no somos iguales”, que su proyecto representa un rompimiento ético con el pasado corrupto. Sin embargo, las revelaciones más recientes apuntan en sentido contrario. Un reportaje de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expone con contundencia los vínculos entre Adán Augusto López, actual coordinador de senadores de Morena y exsecretario de gobernación, con una red empresarial ligada al grupo criminal conocido como La Barredora.
Según la investigación, al menos doce empresas vinculadas al clan Bermúdez —acusado de liderar actividades delictivas en Tabasco— fueron constituidas a través de la notaría número 27, cuyo titular es nada menos que el propio Adán Augusto. Estas empresas no solo obtuvieron beneficios legales, sino que también recibieron contratos multimillonarios en proyectos emblemáticos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Las cifras, los nombres y los documentos están ahí, expuestos con claridad.
Este escándalo no es menor. No estamos hablando de errores administrativos ni de sospechas vagas. Se trata de una red legal, empresarial y política que, bajo el amparo del poder, habría canalizado recursos públicos hacia intereses privados, algunos de ellos con presuntos vínculos criminales. Que estas operaciones se hayan validado desde una notaría propiedad de un alto funcionario de Morena debería encender todas las alertas.
El silencio del partido en el poder es tan estruendoso como revelador. Mientras la oposición exige investigaciones y la renuncia de Adán Augusto, Morena ha bloqueado cualquier intento de discusión en el Senado. Esta actitud no solo es cómplice, sino peligrosa: legitima la corrupción como parte del aparato de gobierno y desactiva los mecanismos de rendición de cuentas que deberían estar funcionando.
El caso no es aislado. Otros empresarios cercanos a Morena, como Fernando Padilla Farfán y Mario Guerra Mabarak, han sido favorecidos con más de 2,000 millones de pesos en contratos adjudicados directamente, especialmente en sectores sensibles como salud y obra pública. Son los rostros de una nueva élite que se enriquece en nombre del pueblo mientras se reparten los beneficios del poder bajo la sombra de la opacidad.
En cualquier democracia seria, estas revelaciones tendrían consecuencias inmediatas. Se abrirían investigaciones independientes, se suspendería a los involucrados y se garantizaría transparencia. Pero en México, con un gobierno que ha convertido la narrativa de la lucha contra la corrupción en una bandera hueca, lo más probable es que se imponga el olvido o el descrédito hacia los denunciantes.
La pregunta no es si Adán Augusto caerá. La pregunta es cuánta podredumbre institucional estamos dispuestos a tolerar antes de reconocer que el sistema actual también está contaminado hasta la médula. Porque si el poder se usa para proteger delincuentes, manipular contratos y blindar a los suyos, entonces no hay transformación posible. Solo continuidad del cinismo disfrazado de cambio.
Los ciudadanos merecemos algo más que discursos. Merecemos justicia. Y eso empieza, por lo menos, con que los implicados den la cara. ¿Lo hará Adán Augusto? Lo dudo. Porque cuando el poder huele a impunidad, la verdad suele ser la primera víctima.
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