SFP investiga a 10 superdelegados por posible uso irregular de programas sociales

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Irma Eréndira Sandoval investiga a 10 superdelegados por uso irregular de programas socialesMario Jasso / Cuartoscuro

La titular de la SFP investiga a 10 superdelegados por el uso irregular de programas sociales, anunció en la Cámara de Diputados.

México.- 10 delegados federales están siendo investigados por la SFP (Secretaría de la Función Pública) por el probable uso irregular de programas sociales en distintas entidades.

En anuncio lo hizo la titular de la secretaría, Irma Eréndira Sandoval ante la Cámara de Diputados donde compareció y detalló que la investigación parte de 12 denuncias en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

La funcionaria federal añadió que existe apertura de la SFP para cualquier otra denuncia de la misma índole y advirtió que aquellos superdelegados que sean encontrados culpables o con indicios de responsabilidad administrativa o cualquier vista de responsabilidad penal por el uso de recursos, serán sancionados.

Sandoval Ballesteros señaló que las denuncias se trabajan con “autonomía técnica” y competen a los órganos internos de control de la SFP, reiteró que las denuncias han sido asumidas por ella como titular, mientras los órganos trabajan en el proceso de denuncias que pudieran generarse sobre los delegados estatales.

Advirtió que el empleo de los programas sociales está tipificado como delito grave y se castiga con prisión de oficio, detalla Reforma.

Según la titular de la Función Pública, se llevan a cabo auditorías en programas sociales para otorgar transparencia sobre su utilización. Hay cuatro auditorías a programas de apoyo a niños y niñas de madres trabajadoras; al de atención a personas con discapacidad; ayuda para personas adultas mayores, Sembrando Vida y todos los Servidores de la Nación.

De acuerdo con Sandoval, quien fuera delegado federal del estado de Jalisco, Carlos Lomelí, compareció este jueves 24 de octubre como persona física y como ex servidor público, como parte de las investigaciones que hay sobre contratos en el gobierno con sus empresas, las cuales ya fueron inhabilitadas.

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