México.- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó la sanción impuesta a Emilio Lozoya Austin por la Secretaría de la Función Pública en mayo de 2019 para inhabilitarlo de ejercer cargos públicos por 10 años.

Con 8 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra los magistrados del Tribunal refirieron que la inhabilitación está apegada a la ley, por lo que se mantiene en vigencia. La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, vio esto como un signo positivo.

"La confirmación de esta sanción es histórica, al ser la primera ocasión que la Función Pública inhabilita a un extitular de la empresa productiva del Estado, lo que es una muestra de la imparcialidad, rigor y apego a la ley con el que esta dependencia realiza su trabajo para garantizar un gobierno honesto y efectivo"

Comunicado SFP

Dicha sanción fue impuesta por proporcionar información falsa en su declaración patrimonial y omitir cuentas de banco.

La SFP refirió que la sanción es parte del combate a la corrupción, destacando acciones similares como la inhabilitación a Rosario Robles, ex titular de la Sedatu.

"La Secretaría de la Función Pública da un verdadero seguimiento a todas las denuncias e investigaciones para que quien cometa una irregularidad, abuso u omisión sea sancionado en estricto apego a la normatividad"

Comunicado SFP

La Sala Superior del Tribunal atrajo el caso por su relevancia, desde la Tercera Sala Regional Metropolitana, donde había sido presentado originalmente.

El mismo día que se inhabilitó a Lozoya Austin se hizo lo propio con Edgar Torres Garrido. A éste, además, se le impuso una multa de 620 millones de pesos. Sin embargo, su sanción fue incrementada en octubre de 2019, a 3 mil millones de pesos de multa y una inhabilitación por 15 años.