México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el colectivo Seguridad Sin Guerra, condenaron la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador en el decreto que que faculta la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta marzo de 2024, pues señalaron que no hay claridad en la actuación y esto pondría en riesgo los derechos humanos.

A través de un comunicado, la CNDH criticó que el acuerdo no delimita términos como “extraordinaria”, “fiscalizada”, “subordinada” y “complementaria”, que definen las actividades de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, por lo que señalaron falta de certeza jurídica y claridad sobre su actuación.

“[...] la Ley del Uso de la Fuerza, ni en la Ley de la Guardia Nacional, establecen qué se debe entender respecto a los términos: extraordinaria, fiscalizada y subordinada, configurando una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos”.

CNDH

Por lo anterior, aseveró que esta indefinición podría derivar en que se establezca “un esquema permanente de participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública”, lo que violaría la Constitución Mexicana y las obligaciones internacionales del Estado; por lo que reiteró que la participación del Ejército y la Marina debe ser extraordinaria, excepcional, temporal y restringida.

“El Acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición. Esa participación debe de ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad [...] no se cuenta con elementos concretos y definitorios sobre las exigencias de dicha actuación”.

CNDH

Asimismo, el organismo reiteró que es indispensable fiscalizar su intervención por los antecedentes de abusos e impunidad en labores de seguridad pública; pues recordó que Estado ha sido condenado por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura, realizados por estas corporaciones.

Militarismo salió del closet: Seguridad Sin Guerra

Por su parte, luego de la publicación del decreto el pasado 11 de mayo, el colectivo Seguridad Sin Guerra lo señaló como una evidencia de que en el gobierno de AMLO “el militarismo salió del clóset” y de normalización de la militarización que comenzó durante el sexenio de Felipe Calderón.

Por medio de un comunicado emitido por las organizaciones civiles y activistas que integran el colectivo, reprobaron la firma del acuerdo presidencial pues aseguran que es una simulación sobre la regulación de las tareas en seguridad pública de las Fuerzas Armadas porque no establece los ámbito temporal y geográfico de su despliegue; no incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas, y tampoco se subordina a las fuerzas armadas al poder civil.

“El acuerdo es omiso del mandato constitucional [...] faculta a las fuerzas armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen, hacer labores de seguridad pública en fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin controles externos ni mecanismos de rendición de cuentas”.

Seguridad Sin Guerra

El colectivo alertó que, además de ser contrario a la Constitución, también lo es al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada a autoridades civiles. Asimismo, el acuerdo elimina el carácter excepcional de la participación del Ejército y la Marina, y no regula su actuación para garantizar el respeto a los derechos humanos.

“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras las Fuerzas Armadas continúen en las calles”.

Seguridad Sin Guerra

Finalmente, #SeguridadSinGuerra expresó su rechazo y aseveró que la pandemia por Covid-19 no puede ser una “cortina de humo” para aprobar leyes de militarismo.