México.- Un Tribunal Federal anuló el auto de formal prisión dictado contra José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y quien fue relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
De acuerdo con el reporte de Milenio, la resolución de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito fue unánime y ordena al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México abrir un nuevo plazo constitucional, para realizar una nueva la diligencia sobre la declaración preparatoria de José Luis Abarca Velázquez.
El expresidente municipal fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos mencionados en relación con el grupo delictivo Guerreros Unidos, y aunque el auto de formal prisión quedó sin efecto, permanecerá privado de su libertad en el penal del Altiplano hasta que un juez valore si lo somete de nuevo a proceso por los cargos mencionados.
La resolución del Tribunal también ordenó revelar los nombres de los testigos colaboradores “Mateo”, que serían Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, y el de “X”, Eynar Rodrigo Lozano Mendoza; y se debe informar a Abarca Velázquez la naturaleza y causa de la consignación de la acción penal en su contra y las conductas u omisiones que le fueron atribuidas.
{username} (@marcosaariel) December 8, 2020
Cabe recordar que en agosto pasado, otro Tribunal Colegiado concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez, para dejar sin efecto el auto de formal prisión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero posteriormente un juez volvió a iniciar el proceso por los mismos delitos.
Ambas resoluciones por parte de los tribunales suceden luego de que desde 2019, tanto Abarca como Pineda solicitaron un amparo contra el auto de formal prisión que se les dictó tras ser acusados como presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.