México.- El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, contrató a Miguel Ontiveros, exsubprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), como el abogado principal en su defensa.

De acuerdo con el diario Reforma, Emilio Lozoya se hizo de los servicios de Ontiveros el pasado mes de junio, luego de que su abogado de cabecera, Javier Coello Trejo, decidiera abandonar el caso. A la nueva defensa se atribuye la decisión del exdirector de Pemex de aceptar su extradición a México desde España. 

Miguel Ontiveros Alonso se desempeñó como subprocurador en DH durante el último año de gobierno de Felipe Calderón. A su cargo también estaría la defensa de Gilda Margarita Austin Solís y Gilda Susana Lozoya Austin, madre y hermana del ahora imputado. 

De acuerdo con el portal Infobae, el litigante cuenta con amplia experiencia y carrera en el espacio jurídico: es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España; realizó estudios de Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Munich, Alemania; se desempeñó también como Director de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE);  es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Sociedad Internacional de Defensa Social, de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología; e investigador Nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya será extraditado este jueves 16 de julio desde España. El exfuncionario se encuentra recluido en una prisión de Madrid y se espera que en las próximas horas sea entregado por autoridades españolas a elementos de la FGR. 

Lozoya Austin volará de regreso a México en un avión de bandera mexicana junto con agregado de la FGR en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes.

Cabe recordar que enfrenta los cargos de: asociación delictuosa, operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Todo esto por su supuesta responsabilidad en la aprobación de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, y de los supuestos sobornos millonarios que recibió de la constructora Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.