Detectan fraudes en terrenos por parte de funcionarios de SEDATU, en Quintana Roo

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Detectan fraude en terrenos ubicados en Quintana Roo.Tomada de video / En Punto


Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano habrían llevado a cabo fraudes también en Quintana Roo.

Román Meyer, actual Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señaló que existen irregularidades en terrenos ubicados en Quintana Roo, que datan a la administración pasada.

A la dependencia, llegaron de forma reciente copias de títulos de dos terrenos que se ubican en el camino Tulum-Boca Palia y colindan con el Mar Caribe, en Quintana Roo, en la Riviera Maya.

Los documentos estarían fechados el 30 de noviembre del 2018, el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Nos han llegado varios títulos apócrifos con firmas de funcionarios de la administración anterior, incluso de la actual administración y que creemos plenamente que es un modus operandi de cómo se están desempeñando ciertos grupos para poder hacerse de cierto bienes públicos, bienes nacionales.Román Meyer Falcón, Secretario Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Los títulos de propiedad falsos aparecen a nombre de María del Carmen Flores Hernández y de Abraham Yunez Suárez.

Este último habría intentado vender el terreno y uno de los compradores acudió a la SEDATU a verificar si el título era auténtico, lo que alertó a las autoridades.

Se falsificaron la personalidad y la firma de la entonces Secretaria Rosario Robles, del Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio y del Director General de la Propiedad Rural, Luis Armando Bastarrachea Sosa.

Este ex funcionario, quien dejó el cargo en abril del 2018, es investigado por las autoridades por la presunta venta de terrenos nacionales a precio de ganga en la Riviera Maya. También se falsificaron la firma y personalidad de la actual Directora General de Propiedad Rural de SEDATU, María Estela Ríos González, en un documento del 14 de mayo de 2019.

Las nuevas autoridades lograron frenar la enajenación de 196 terrenos, de los cuales no se logró concretar la venta, con lo que evitaron una pérdida al estado de 3 mil 200 millones de pesos.

Con información de En Punto.

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