México.- Colectivas y organizaciones feministas en Guerrero exigieron al Congreso local reformar el Código Penal estatal para homologarlo a la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza a las mujeres víctimas de violación sexual interrumpir legalmente su embarazo si así lo desean, y sin necesidad de denunciar ante un Ministerio Público.
A través de un comunicado, la red de organizaciones pidió al Poder Legislativo de Guerrero modificar la fracción I del Artículo 159 del Código Penal para que las víctimas accedan a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin autorización de autoridades judiciales y destacaron que no es la primera vez que se exige el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en esta entidad.
Además, la NOM 046 obliga al Estado a crear un banco de información de víctimas y agresores de violencia sexual, pues tan solo en 2019 a nivel nacional fueron contabilizados 345 denuncias por violación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Otros datos de violación sexual y aborto legal
Entre las organizaciones que exigen garantizar la NOM 046 está la Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres en Guerrero, quienes además ofrecieron datos relativos al delito de violación sexual y aborto. Recordaron que cifras del Instituto Nacional de las Mujeres establecen que 11 mil niñas menores de 14 años son víctimas de violación al año sin oportunidad de abortar.
{username} (@_deelicate) March 12, 2020
En cuanto a nivel local, el Observatorio de Violencias hacia las Mujeres en Guerrero señaló en un informe que en 2018 hubo 29 interrupciones de embarazo de mujeres violadas, 9 de esas víctimas tenían entre 13 y 17 años de edad.
También concluyeron que en Guerrero se discrimina a las mujeres que solicitan su derecho al ILE por violación sexual debido a la falta de homologación del marco jurídico; sumando a las políticas públicas deficientes en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Además, autoridades de salud de las 32 entidades del país reportaron que de 2012 a 2019 hubo 442 abortos legales por violación; en su mayoría fueron niñas de entre 10 y 15 años de edad y más del 50% eran embarazos antes de las 12 semanas de gestación.