México.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México está en aprietos en el conflicto que involucra a Joaquín López-Dóriga y a María Asunción Aramburuzabala.

Y es que en violación a una disposición judicial archivó la investigación por extorsión contra Adriana Pérez Romo, esposa de López-Dóriga, tras la denuncia penal que le interpuso la inmobiliaria Abilia en agosto de 2015.

De acuerdo con Reforma, pese a que la firma de Aramburuzabala interpuso la denuncia por intento de extorsión por 5 millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en Polanco, la dependencia capitalina propuso el no ejercicio de la acción penal.

Pero esa determinación pasaba por encima de una resolución judicial que le impedía proponer el carpetazo y consumarlo.

Y aunque la defensa de Aramburuzabala interpuso un recurso para evitar que la PGJ consumara el cierre del caso, por lo que un juez determinó que la sola propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley, la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos ¡ignoró los reclamos y la resolución judicial!

En este sentido, el 8 de julio notificó a las partes que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo, mandando a la congeladora el caso.

Ante la negativa de la PGJ de llamar a declarar como testigos a los condóminos de Rubén Darío 223 -donde vive Pérez Romo- y de requerir diversos documentos, se presentó un amparo el 28 de octubre.