México.- Se extiende el caso de la presunta extorsión de 5 millones de dólares a la inmobiliaria Abilia, de María Asunción Aramburuzabala, por parte de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga.
Y es que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) por algunos meses no llamará a declarar a las 39 personas que fueron requeridas como testigos en el asunto.
Reforma publica que en junio el juez federal José Díaz de León Cruz otorgó un amparo a la inmobiliaria Abilia, en el que se ordenaba interrogar a los vecinos de Pérez Romo.
Sin embargo, esa determinación fue revocada por el Octavo Tribunal Colegiado Penal, al argumentar un cambio de situación jurídica en la averiguación previa, ya que el fallo de primera instancia fue dictado el 29 de junio, cuando la investigación aún estaba en instrucción.
La Procuraduría capitalina archivó la indagatoria el 8 de julio pasado y por ello ya no había un margen jurídico para que este amparo pudiera continuar, porque los citatorios se giraron en una investigación ahora cerrada.
Los abogados de Abilia presentaron un nuevo juicio de amparo contra el último fallo de la Procuraduría, es decir, contra el no ejercicio de la acción penal, con el propósito de que la indagatoria sea reabierta y si gana este último litigio, tendría la posibilidad de buscar nuevamente las comparecencias de los testigos.
La inmobiliaria de Aramburuzabala busca que se interrogue a los condóminos donde vive Pérez Romo, incluido a su esposo, porque el abogado al que denunciaron de extorsión, Mario Alberto Becerra Pocoroba, los representaba.