En el marco de las operaciones globales contra estructuras del crimen organizado, el FBI dio a conocer que ofrece 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada como operadora del CJNG.
De acuerdo con el FBI, la también señalada como alias “Gris”, enfrenta cargos federales ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York en Estados Unidos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
FBI incrementa recompensa por Griselda Margarita Arredondo Pinzón del CJNG
Como parte de una estrategia internacional para asfixiar las fuentes de ingresos alternativos que sostienen las actividades del CJNG, el FBI incrementó la recompensa por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.





Las investigaciones desarrolladas conjuntamente por el FBI, la DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) señalan a la “Gris” como un objetivo prioritario dentro de las pesquisas contra la organización.
Por ello, el FBI mantiene activa la recompensa de hasta 2 millones de dólares por información verificable que conduzca al arresto o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Esta suma forma parte de un paquete de financiamiento anunciado el 5 de agosto de 2026, el cual destina hasta 100 millones de dólares para la captura de 8 líderes criminales del CJNG.

¿De qué acusa el FBI a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, operadora del CJNG?
Según informó el FBI, Arredondo Pinzón, valiéndose de su formación profesional en contaduría, desempeñó una función de alto rango en la supervisión e intermediación de los recursos ilícitos generados por el CJNG.
Su labor principal consistía en dirigir desde una oficina central la captación de fondos a través de una red de centros de llamadas (call centers) distribuidos en el estado de Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Desde allí, se contactaba a propietarios de tiempos compartidos en destinos turísticos como Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, ofreciéndoles falsos contratos de compra o alquiler a sobreprecio mediante la suplantación de empresas legales e inmobiliarias.
La mecánica delictiva exigía a las víctimas realizar transferencias por adelantado bajo el argumento de saldar supuestos impuestos y tarifas administrativas.
Posteriormente, la red ejecutaba un segundo fraude al contactar a los afectados bajo la fachada de asesores jurídicos o funcionarios que prometían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevas cuotas.
Los montos obtenidos eran centralizados en cuentas bancarias del CJNG y gestionados por la red financiera de Montero Pinzón para financiar la compra de armas y el tráfico de drogas por parte de la organización.
