17 de octubre de 2021 | 11:31
Puebla

UDLAP: Giran orden de aprehensión contra exrector Luis Ernesto Derbez

La orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez es por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico, en perjuicio de la UDLAP.
Luis Ernesto Derbez
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Un juez de control de Puebla giró una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez es por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico, en perjuicio de la UDLAP.

Sin embargo, el juez también libró órdenes de aprehensión contra los colaboradores más cercanos de Luis Ernesto Derbez por el mismo delito.

Específicamente, las órdenes de aprehensión fueron contra:

  • Mónica Ruíz Huerta, exvicerrectora Administrativa
  • Mario Vallejo, exvicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional
  • Jesús Salvador Mijangos, exdirector general de Asuntos Jurídicos
  • Virgilio Rincón y Alejandro González, abogados de la familia Jenkins Landa

Luis Ernesto Derbez y colaboradores habrían causado daño a la UDLAP por más de 100 mdp

La autoridad judicial señala que, en 2016, el exrector Luis Ernesto Derbez y sus colaboradores, crearon una serie de empresas, entre las que se encuentra la sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School.

Lo anterior con el fin de recibir pagos millonarios de las cuentas de la UDLAP, lo que le habría causado un daño patrimonial de más de 100 millones de pesos a la universidad.

Con esta orden de aprehensión, los abogados de Derbez ya tienen tres órdenes de captura por supuestos delitos federales como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así como locales, por fraude específico y administración fraudulenta, desfalco y lavado de bienes, por más de 15 mil millones de pesos.

La UDLAP acusa a los abogados de llevar a cabo la estructura delictiva del robo de la totalidad de los activos de la Fundación Mary Street Jenkins.

En este sentido, la UDLAP indica que los abogados crearon una estructura en la que son beneficiarios del patrimonio de dicha Fundación, en lugar de ser destinados para beneficio de los ciudadanos de Puebla.

Los abogados habrían recibido más de 100 millones de dólares, por parte de la familia Jenkins Landa con recursos de la propia Fundación.