Ciudad de México, a 14 de Abril de 2016

A la opinión pública

El 11 de abril alrededor de 700 elementos de la policía estatal sitiaron la comunidad de San Francisco Xochicuautla, comenzando el derrumbe de casas que se encuentran en el trazo de la autopista Toluca-Naucalpan. Xochicuautla es una comunidad otomí ubicada en el Municipio de Lerma del Estado de México, que desde hace 8 años ha enfrentado una lucha de resistencia en defensa de su territorio y recursos naturales.

El proyecto carretero Toluca-Naucalpan, es una construcción que pretende  atravesar el Gran Bosque Otomí-Mexica. Las construcciones ya han comenzado, pasando por tierras comunales que afectan directamente grandes hectáreas de bosque y viviendas de los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan del Estado de México.

Ante el impacto cultural, económico y ambiental de las construcciones, los comuneros de Xochicuautla decidieron organizarse en un movimiento de resistencia pacífica en contra la construcción de la autopista. Desde entonces han sufrido agresiones e intimidación por parte de la Policía Estatal y la empresa privada Higa.  Tan solo  el 14 de mayo de 2013 fueron detenidas 14 personas y el 3 de noviembre 2014 fueron detenidas 8 personas; todas ellas por tratar de impedir la entrada de maquinaria a sus terrenos.

La construcción de la autopista Toluca-Naucalpan es un proyecto que está a cargo de la empresa Autovan, filial de Grupo Higa, misma que es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú,  uno de los principales contratistas del gobierno federal y cuyas operaciones financieras en paraísos fiscales fueron descubiertas tras la investigación de los “Papeles de Panamá”. Durante la gubernatura de Peña Nieto y actualmente en la de Eruviel Ávila en el Estado de México, se le han concedido a Hinojosa Cantú licitaciones y contratos en esta zona.

Ante estos hechos, exigimos que se haga una ponderación de derechos por medio de un test de proporcionalidad entre el derecho al desarrollo por parte del Estado y  el derecho a un medio ambiente sano, tanto como el derecho de libertad de religión y de conciencia ambos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda vez que los otomíes de la zona reconocen conforme a su cosmovisión, una conexión especial con la tierra y la naturaleza.

Asimismo exigimos a las autoridades del Estado de México que informen sobre el impacto ambiental que la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan puede generar en el  Gran Bosque Otomí, el cual es una de las principales fuentes de oxígeno y agua en la zona metropolitana del Valle de México y Toluca. Por último, demandamos se esclarezca el tipo de contrato por el que se autoriza a Autovan la construcción de la carretera. Aunado a lo anterior también exigimos que se lleve a cabo una  consulta previa, libre e informada, enmarcada así en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989; y que se actúe conforme al artículo 2A de la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales enmarcan la protección especial de las comunidades indígenas.

De la misma manera solicitamos al gobierno mexicano a ser transparentes en cuanto al daño ambiental previsto y las formas de resarcir daño configurado objetivamente; sin menoscabo de lo anterior, exhortamos que se apeguen al principio de publicidad y de transparencia para así manifestar la información relativa al contrato del caso en cuestión entre el Estado y Autovan.

De acuerdo con los principios de transparencia y publicidad, los cuales se han estado implementando en el Estado Mexicano para lograr una verdadera democracia y respeto a los Derechos Humanos, exhortamos a las autoridades del Estado de México a actuar conforme el Informe emitido en días previos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual solicita a los Estados miembros del Sistema Interamericano a que cese la incriminación de los defensores de los derechos fundamentales.

Ateneamente

Ateneo Nacional de la Juventud, A.C.

 

Coordinación Nacional de Derechos Humanos

Ximena Jimenez García