La violencia contra las mujeres va en ascenso y se han dado casos que han movido a la opinión pública por el absurdo al límite que les rodea.

En Veracruz está el caso de la joven Daphne Fernández víctima de violación en la que participaron cuatro jóvenes pertenecientes a familias acaudaladas del estado. El tema provocó ya una marcha para protestar por la impunidad y la inacción de las autoridades estatales. Se ha abordado también en una gran cantidad de medios nacionales. Los jóvenes señalados como responsables, sin embargo, continúan libres.

Cuando el caso anterior se estaba ventilando en los medios ocurrió otro caso de violación perpetrado también por juniors: un joven violó a una compañera que fue alcoholizada y narcotizada; un amigo del violador grabó el hecho y otro lo subió a las redes sociales. Lógicamente, el video se viralizó, lo cual supone una doble victimización para la chica afectada. A pesar de ello, el responsable aseguró que “fue puro cotorreo”, mientras que su padre afirmó que “fue una pendejada de chamacos”. A pesar de que se presentó denuncia por esos hechos hace más de dos semanas, los responsables siguen libres.

De acuerdo con la información periodística, el que subió el video es hijo de un funcionario del gobierno del estado, su representante legal afirmó “háganle como quieran, el joven es hijo de un funcionario del gobierno de Javier Duarte y la denuncia no va a prosperar”. ¿Es así? ¿Trabajar en una administración cuestionada otorga inmunidad y garantiza la impunidad? ¿De verdad seremos testigos de injusticias de este tamaño? La falta de castigo no sólo insulta a las víctimas y a las mujeres veracruzanas sino a la mayoría de la sociedad, a quienes no tienen recursos para comprar esta retorcida justicia.

Esto ocurre en una entidad –Veracruz– en la que, según los datos recopilados por el colectivo de mujeres Equifonía, han ocurrido 10,295 casos de delitos sexuales contra mujeres, incluida la violación, entre 2010 y 2015. La impunidad sólo incentiva a los delincuentes sexuales, pues envía el mensaje de que las autoridades encargadas de impartir justicia no otorgan importancia a las agresiones sexuales contra las mujeres, menos si tales delitos los cometen personas adineradas.

Como si los delitos sexuales no fueran suficientes, algunos hechos que trascienden a los medios contribuyen a incrementar la atmósfera de violencia contra las mujeres. En Tenejapa, Chiapas, los pobladores tzeltales retuvieron al alcalde priista José López Méndez después de que él y los policías municipales dispararon contra un grupo que protestaba en demanda de agua. La comunidad determinó que el castigo que recibiría el alcalde sería vestirlo de mujer. Un acto que puede ser hasta cierto punto ejemplar, pues los pobladores tienen razón en mostrar su molestia por la falta de agua mientras el alcalde exhibe su enriquecimiento en autos de lujo y casas y no sólo eso, si protestan reciben balas. ¿Pero, como castigo vestir a alguien de mujer? Sin duda, en este contexto ser mujer tiene una carga negativa, tanta, que alguien que merece castigo tendrá la apariencia de una de ellas.

¿Y qué decir del video que acompaña la canción “Fuiste mía” de Gerardo Ortiz? Además del título de la canción, en el video se ve a un hombre que después de matar al amante con el que sorprende a la mujer, a ella la encajuela y le prende fuego al auto. Las protestas no se hicieron esperar. El cantante todavía se defendió diciendo que “nadie está muerto ni salió maltratado en la filmación”. Inmediatamente le asigné a Ortiz el lugar privilegiado que le había concedido en mi ranking personal de individuos con poco entendimiento a Fox.

En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, dos hombres intentaron asaltar a una adolescente, al menos es la versión de la prensa, pues nada indica cuáles eran las intenciones de los asaltantes, quizá no sólo la querían asaltar. La jovencita corrió en busca de ayuda y varios vecinos salieron a auxiliarla. Uno de los supuestos asaltantes huyó y el otro fue retenido y golpeado por los vecinos; falleció a consecuencia de los golpes que recibió. Este hecho es resultado, sin duda, de la crispación provocada por este tipo de agresiones. Y aunque no es para nada deseable esta forma de castigar a los delincuentes sexuales, las familias de niñas, jóvenes y mujeres abusadas e incluso asesinadas deben lamentar que no hubiese cerca vecinos que las ayudaran. Es lamentable que la sociedad considere que buscar justicia por propia mano es la única manera de castigar los abusos sexuales, pero lo está generando la percepción de una actitud negligente y corrupta de las autoridades. Este homicidio no hubiese ocurrido si la joven no hubiese sido molestada, si viviéramos en un lugar donde las mujeres mexicanas pueden gozar del derecho de tránsito que les concede la Constitución; donde, también en apego a la ley, pueden vivir libres de violencia; donde no tendrían que vivir con miedo sólo por el hecho de ser mujeres.

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