Hace un par de días, el recién estrenado gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó en rueda de prensa que: “Juan Carlos Lastirii] está detenido en el Reclusorio Oriente; la causa, los delitos que se le imputan, aún no han sido corroborados; todos suponen que es por los delitos relacionados con el manejo indebido de los diferentes programas federales.” (Habría que recordar que Lastiri Quirós fue subsecretario de SEDESOL y de SEDATU cuando dichas dependencias estuvieron a cargo de Rosario Robles Berlanga).
Ahora se sabe, a partir de lo informado por Ciro Gómez Leyva en su programa Por la Mañana, que Lastiri fue levantado hace dos días en el municipio poblano de Zacatlán de la Manzanas y que no medió una orden judicial federal por parte de la FGR ni se encuentra reportado ingresado en el sistema penitenciario nacional.
La 4T, al menos en lo que a temas de seguridad se refiere, ha resultado ser desastrosa al comunicar y al operar. Este asunto lo vuelve a comprobar; ahora con respecto a un tema local que ya comienza a tener repercusiones federales (y con toda razón).
Y no es que el paradero e integridad del señor Lastiri valga más que el del resto de los ciudadanos mexicanos, pero sin duda sí hace evidente que entre los integrantes de lo que conforma la 4T simplemente no fluye ni la correcta ni la suficiente información.
Como en Culiacán, con respecto a Alfonso Durazo y el mismo presidente, ¿será que a Barbosa no le dieron en su momento los datos correctos? ¿Lo trataron de engañar? ¿Con qué propósito? Y, en su caso, ¿por qué cayó en la trampa?
La ciudadanía, y no solo la poblana, así como obviamente la familia del ex servidor público merece saber de su situación y paradero. De lo contrario tendrán que rodar cabezas.
Sin duda sí habría que esperar la remoción de alguien del gabinete local responsable de este nuevo desastre informativo, quien necesariamente debe estar entre los encargados de la política interna en la entidad; ello más allá de que caigan los funcionarios que estén implicados en delitos de corrupción “de acuerdo a la investigación de los funcionarios que recibieron notarías en los últimos meses del gobierno del ex gobernador Moreno Valle”, como señaló también hace unos días el gobernador Barbosa.