Libros de ayer y hoy. La prensa debe asumir su responsabilidad, no solo criticar

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El conductor iba a exceso de velocidadTwitter

La corrupción se trasminaba y llevaba al chayote, al embute, a la dádiva que compra conciencias.

El accidente sufrido por periodistas el pasado 26 de octubre en Sonora, puso sobre el tapete de nueva cuenta, la relación tensa que ha habido con el actual gobierno desde antes incluso de que tomara posesión. Por un lado está uno de los proyectos centrales de la 4T sobre la corrupción y los deslindes que se están haciendo de los gastos que no corresponden a la responsabilidad del estado.

Por otro, una prensa que cubre las fuentes informativas oficiales bajo la costumbre que fue diseñada por gobiernos anteriores, en la que los gastos que generaba esa prensa corrían a cargo de las oficinas públicas.

Viajes, vehículos, hospedaje, alimentos y todo lo que se necesitara se trasladaba a gastos gubernamentales. Son clásicas las referencias de los gastos suntuarios que ocasionaba esa prensa sobre todo en viajes internacionales y la naturalidad con la que ello se tomaba no solo de parte del gobierno que pagaba los gastos, sino por las propias empresas que enviaban a reporteros sin que les costara un centavo.

Esa liberalidad pagaba su precio porque desde el sector oficial censuraban reporteros y ponían a otros, cuando el trabajo de unos no les convenía. La censura aceptada por las empresas, pues. Y en el fondo, la aceptación de que el gobierno compraba el servicio y adicionaba en grado mayor el ingreso a las empresas, con publicidad y anexos.

Los datos que se han aportado de revistas conocidas que recibían un porcentaje en publicidad y otro en compra de suscripciones -miles cuyo destino no es conocido-, y otros anexos, carece de explicación como no sean casos de corrupción.

Por otro lado estaba la imposición a los trabajadores de la prensa de ciertas formas de comportamiento de parte de las empresas y el gobierno, a las que se terminaban por someter en su mayoría, porque les convenía. La corrupción se trasminaba y llevaba al chayote, al embute, a la dádiva que compra conciencias.

La decisión del actual gobierno de deslindarse de los gastos que ocasiona la prensa que cubre las fuentes oficiales y la oferta de una información directa del gobierno federal a través de la Mañanera y otros instrumentos, obliga a las empresas a asumir el costo.

En temas de seguridad y accidentes, como el que ocurrió el pasado 26, las empresas deben de tener asegurados a sus trabajadores más cuando son enviados a zonas peligrosas.

No se sabe si en los poderes estatales -se menciona que los casos de chayote siguen en algunos-, y de otros niveles, se aplicará esa decisión, pero las intenciones federales son recuperar todo ese gasto sin fondo que conducía a una prensa dependiente. Hasta este momento, la reacción ha sido de críticas y de ataques, en algunos casos virulentos, como ha sido el de los periodistas accidentados en Sonora en el que quieren cargar toda la responsabilidad al gobierno federal.

El presidente lamentó durante su presencia en Pótam, los hechos, se solidarizó con esos comunicadores y les pidió no cubrir las giras presidenciales porque la información se les dará oportunamente.

 

La cláusula de conciencia que el trabajador de la prensa puede esgrimir ante las empresas cuando le imponen condiciones que vulneran su ética, sus convicciones y su independencia, no es solo un problema ético y moral.

Es un derecho que se desprende del derecho a la información, pero que tiene un impacto laboral cuando el periodista se opone a que una empresa le imponga condiciones laborales que rechaza o cuando la empresa gira drásticamente de línea editorial.

No ha sido muy bien aceptado por las empresas desde que se mencionó por primera vez.

Aprobado en septiembre pasado en la CDMX, junto con el secreto profesional -Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico en la CDMX- ha sido instaurado en varios países del mundo con el fin de defender la libertad del trabajador a no ser obligado a realizar una actividad que lesiona sus principios y convicciones, incluso su seguridad.

Francia es señalado como puntero por su ley de 1935, pero España tiene una reciente de 1997. Ya se habla de orígenes desde 1927, pero se le ha dado muchas vueltas porque implica una obligación que se impone a las empresas.

En México se aplicará después de décadas de seguir criterios como los ya mencionados arriba, en donde se establecía una relación empresa-estado en las que el trabajador quedaba obligado ante ellos.

A lo largo de décadas dicha cláusula se ha mencionado en organismos de periodistas para volcarla en los papeles contractuales, y se toman en cuenta las influencias cubanas y sudamericanas, pero aquí aunque aprobada, todavía está en pañales.

Los códigos de ética a veces circulan por ahí, pero ante una prensa que ha sido inducida al individualismo -hay pocos sindicatos de trabajadores de la prensa, los organismos que funcionan son asociaciones civiles y las cooperativas han ido desapareciendo-, ha sido empujada en el aspecto laboral a resolver sus problemas solo como persona. Y a negociar su propia situación ante la fuente de la mejor manera.

Cómodamente así ha transcurrido la vida del periodista común que cubre fuentes oficiales en todo el país, con excepción notable de quienes se han opuesto a esas conductas y que apoyados por sus propias empresas, han mantenido independencia.

Y desde luego, han impulsado los cambios que se están dando.

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