Si lo que se quiere es un real avance en cuanto a amainar el severo problema de contaminación del Río Santiago, ese que envenena y mata, es menester enfocarnos a exigir pero también a buscar respaldar tanto a al gobierno de Jalisco como al que encabeza Andrés Manuel López Obrador, además que al buscar soluciones de fondo debamos insistir en que se sancione ejemplarmente a quienes como funcionarios públicos han sido negligentes, omisos e incluso cómplices de las conductas criminales de industriales que mezquinamente han procreado e incentivado el grave problema, que hay que reiterar, ha sido originado al paso de muchos años, entre el lucro desmedido de esos intereses empresariales y de gobernantes insensibles, en sexenios anteriores.

Lo cierto es que el tema ha vuelto a acaparar los reflectores en los últimos días, ahora también a nivel internacional, ese escabroso tópico de la gran cloaca mortal que es El Río Santiago, conocido ya como “El Río de la muerte” porque entre sus aguas permite correr veneno por conducto de más de mil sustancias químicas diferentes a lo largo de una Cuenca en el occidente del país que abarca parte de seis estados: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, desembocando en el Océano Pacífico, siendo los más afectados los habitantes ubicados en municipios de Jalisco como El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, donde se registran muertes así como enfermedades renales y cáncer a causa de los altos niveles de contaminación, lo que ha provocado que el pasado viernes la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al mencionado río en esta entidad.

En el entorno local el asunto causó un desencuentro entre el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, luego de que este último declarara el pasado domingo 2 de febrero que haría una segunda macro recomendación (la primera fue emitida en 2009) sobre el saneamiento del río Santiago, despertando gran malestar en el Ejecutivo Estatal que al día siguiente lo retó junto con otros “opinadores”, a acudir a una “macroexcursión” para supervisar las inversiones millonarias de su gobierno en ese vaso lacustre.

Habrá que recordar que la primera macro recomendación fue emitida el 27 de enero de 2009, y dirigida al Ejecutivo del Estado de Jalisco, siendo gobernador el panista Emilio González Márquez, en la que se le solicitó el cumplimiento de 100 puntos; a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, con 68 puntos a cada uno; a organismos como la Comisión Estatal del Agua, con 13 puntos; y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con 24 puntos.

Según la CEDHJ, la Recomendación fue emitida, primordialmente, como resultado de la contaminación del río Santiago, “por violación flagrante de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que ha afectado a los pobladores de las regiones aledañas al río. La polución resulta evidente por el color del agua, la excesiva espuma generada y los malos olores expedidos por el afluente, y afecta principalmente a los municipios de Juanacatlán y El Salto, incidiendo en daños a la salud y a la calidad de vida”.

Pero el Estado aceptó sólo 43 de los 100 puntos incluidos en la recomendación, aunque no fueron atendidos ni por ese gobierno ni por el del priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Ahora bien, de esos puntos aceptados, actualmente quedan seis pendientes de cumplimiento, entre los que destaca el que se refiere a realizar una jornada de detección y atención especializada de enfermedades, entre niños que viven cerca del Río, que pudiesen tener su origen en la contaminación del vaso lacustre por su exposición a sustancias tóxicas como el plomo, mercurio o arsénico.

Otro de los puntos establece que “en el término de seis meses se realice un inventario de las industrias establecidas en la cuenca El Ahogado y el alto Santiago, donde se presente la caracterización y volumen de sus descargas de aguas residuales, así como de los fraccionamientos, propietarios y habitantes que vierten al río Santiago o sus afluentes cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos, quiénes de ellos cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y cuántos no cuentan con un estudio de impacto ambiental actualizado.

Uno más advierte que “en el término de tres meses, elaboren una iniciativa de ley que habrá de remitirse al Poder Legislativo del Estado a efecto de que los nuevos centros de población cuenten con la infraestructura hidráulica (microplantas) que permita el tratamiento y reutilización de sus aguas.

En el caso de zonas habitacionales ya existentes, se proyecte la construcción de plantas de tratamiento por zonas que permitan la reutilización en aquellas actividades que la calidad del agua ya tratada lo permita.

En los otros tres puntos, se plantea “Establecer un programa especial para estimular la participación ciudadana, con becas para investigadores o tramitadores de casos de justicia ambiental.

Fortalecer sus procesos internos para generar expertos y propiciar mejores decisiones. Para lo anterior se sugiere considerar en todos sus procesos la creación de marcos organizativos con sustento científico y conocimiento real de recursos y necesidades, privilegiando la conservación y capacitación del recurso humano.

Crear un blindaje mediante políticas transversales, científicas e incluyentes, que atiendan la realidad política y las dinámicas de poderes, considerando que los procesos de saneamiento deben atender criterios técnicos”.

La macro excursión convocada por el gobernador Enrique Alfaro se llevó a cabo el pasado miércoles, funcionarios de su gabinete, empresarios, activistas y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, realizaron un recorrido por diferentes municipios para demostrar al ombudsman que el Estado sí trabaja para abatir la contaminación del río Santiago. El recorrido incluyó el municipio de Ixtlahuacán, donde se clausuró la tequilera Los Valores.

Durante el recorrido, el gobernador anunció que firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar que continúen las descargas de agua contaminada en el río Santiago-Lerma, que cruza cinco estados.

Mencionó que se reunió con la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, “para pedirle que haga su parte”, ya que Jalisco no puede intervenir para que en las otras entidades eviten descargas.

Y anunció solicitará a la dependencia federal acceso a los recursos que se cobran por descargas en Jalisco, para poder financiar la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado.

Al día siguiente, la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, informó que “el cumplimiento de la macro recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos en el 2010 se encuentra atendida en un 85 por ciento por el Ejecutivo, en el caso de dependencias clave como es la CEA al cien por ciento, en el caso de SIAPA al 95”, y que se instaló una mesa permanente de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos.

Sin embargo, el viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la resolución 07/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores de los municipios más afectados por la contaminación del Río Santiago y el Lago de Chapala, como El Salto, Juanacatlán y Poncitlán.

Lo anterior tras haber recibido estudios que demuestran indicios de enfermedades renales presuntamente derivadas de la exposición a contaminantes presentes en el río; además, detectaron pesticidas en la orina de niñas y niños, y se destaca la muerte de 28 personas por enfermedades renales crónicas desde 2003 y hasta mediados de 2019, por lo que ha otorgado al gobierno de Jalisco un plazo de 15 días para notificar a la comisión los avances y las medidas a tomar para garantizar a los pobladores una mejor calidad de vida de la que actualmente tienen.

Ese mismo día, el gobernador publicó en Twitter: “Hoy se dio otro gran paso para revivir al #RíoSantiago: el Gobierno de Jalisco logró acuerdos de colaboración con la @SEMARNAT_mx, del @GobiernoMX, para entrarle juntos al saneamiento del río más contaminado del país”.

En un segundo tuit, escribió: “Esta tarea es impostergable y en nuestra estrategia faltaba un eslabón: que la Federación fortaleciera la inspección, vigilancia y sanciones de quienes contaminan nuestros ríos Santiago y Zula”.

Está claro que el gobierno de Enrique Alfaro, tal como lo prometió desde su campaña ha venido trabajando en el saneamiento del Río Santiago pero quizá el problema sea la forma en que no se comunica a la ciudadanía los trabajos que se están haciendo, las medidas y estrategias que se están tomando y las acciones que se llevan a cabo para de una vez por todas resolver el gravísimo problema de la contaminación y primordialmente la atención médica que es urgente se brinde a las familias que enfrentan enfermedades a causa de la convivencia y cercanía de sus viviendas con el río.

Asimismo será de gran valía que se esté en sintonía y en coordinación con la Federación para trabajar de la mano y que lleguen más apoyos económicos, e igualmente aprovechar el interés de la CIDH para hacerse llegar de recursos internacionales a fin de resolver cuanto antes el problema.

Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1

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