Lozoya Austin fue extraditado de España el viernes 17 de julio
Absolutamente nada, hasta ahora, es para lanzar las campanas al vuelo en el caso Lozoya. Revisemos: Tenemos un detenido que no pisará la cárcel. Una denuncia estéril porque ya prescribió el delito. Un par de expresidentes que si acaso algún día acudirán a declarar y un juicio que no ha comenzado. Nada para festejar en este entramado que tiene más tintes de circo, de engaño, de cortina de humo, de burla, de atole con el dedo, que de un logro, por donde quiera que se le busque.
Simpatizantes de la Cuarta Transformación se jactan de los supuestos logros del gobierno con la detención, extradición y posterior declaración de Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien fuera Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el sexenio pasado, ahora convertido en “soplón” gozando de la protección de la Fiscalía General de la República (FGR) y la estructura de la Federación.
Lozoya Austin, como ya sabemos, fue extraditado de España el viernes 17 de julio, acusado por delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho, y corrupción. Pero este personaje que amasó una cuantiosa fortuna al amparo de la administración de Enrique Peña Nieto, en la que ostentó un cargo de privilegio siendo Pemex una interminable mina de oro negro, decidió ceñirse a la figura de “criterio de oportunidad” asesorado por su padre Emilio Lozoya Thalmann, un viejo lobo del PRI que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se desempeñó como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) y quien habría negociado la extradición con la FGR.
Esta nueva figura constituida en el Nuevo Sistema Acusatorio y Adversarial radicada en la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite al inculpado evadir su responsabilidad penal cuando se compromete a aportar información eficaz y esencial para la persecución de un delito mayor al que se le imputa, y se obliga a comparecer en un juicio para someterse al interrogatorio de un juez y de la defensa de los señalados.
Hasta ahí, los logros conseguidos tendríamos que concederlos a Lozoya padre, quien a través de su estrategia de defensa ha conseguido toda clase de privilegios para su hijo a pesar de que este fue vinculado a proceso por los casos de corrupción Odebrecht y Agro Nitrogenados. Además obtuvo el mismo beneficio para la madre de su vástago, su hija y su nuera, quienes fueron cómplices y participaron en los atracos.
Por si fuera poco, ahora cínicamente los Lozoya han comenzado una férrea pelea jurídica para recuperar las cuentas bancarias que les fueron congeladas, sus bienes asegurados y las facultades de Emilio para ser funcionario público. Así que si alguien tiene que festejar, hasta ahora, no son los simpatizantes de la llamada 4T sino exclusivamente la familia Lozoya, que como ha trascendido, ya hasta una fiesta organizó para celebrar que ninguno de sus integrantes corruptos será alcanzado por la justicia, gracias a su soplón familiar.
Ese mismo sector de la población al que me refería al principio, también ha expresado júbilo tras conocer a través del fiscal Alejandro Gertz Manero que en su denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado cómo distribuir el dinero de los millonarios sobornos recibidos de la empresa Odebrecht para favorecer la campaña electoral presidencial del candidato priísta en 2012.
Pero aun suponiendo sin conceder que se hubiese incurrido en delitos electorales apoyando con recursos de procedencia ilícita la campaña de Peña Nieto, estaríamos hablando de que no habría delito que perseguir, dado que conforme a lo señalado por diversos estudiosos del ramo penal electoral, entre ellos el ex procurador de la República, Ignacio Morales Lechuga, las acusaciones “podrían ser estériles para iniciar un proceso penal contra ambos exfuncionarios, en virtud de que varios delitos podrían haber prescrito”.
Ahora bien, no todo estaría perdido si realmente se pretende procurar la justicia y el estado de derecho en un juicio que está por comenzar. Si bien en el caso del presunto delito electoral no habría nada más que hacer, en el presumible delito de cohecho, de comprobarse sobornos a diputados para obtener los votos necesarios para aprobar la Reforma Energética, aún se estaría a tiempo de configurar la conducta presuntamente constitutiva del delito, y cito:
“De acuerdo con la FGR, en su denuncia Emilio Lozoya señaló que, ya en el gobierno federal, entre 2013 y 2014, Enrique Peña y Luis Videgaray le ordenaron entregar 120 millones de pesos a un diputado y cinco senadores a fin de que estos aprobaran las reformas estructurales que se avalaron en esos años en el Congreso.
Según el artículo 222 del Código Penal Federal aplicable hasta 2014, comete el delito de cohecho el servidor público que solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Este ilícito también incluye al que “de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva” a algún servidor público. La pena para quien comete este delito es de entre dos y catorce años de prisión.
Si todos los involucrados en estos hechos hubieran cometido el delito en 2013, cuando se aprobó la Reforma Energética, la prescripción operaría hasta 2021. Mientras que, si el delito se consumó en 2014, estaría prescrito en 2022.
Es decir, Peña Nieto, Videgaray y los legisladores señalados por Lozoya sí podrían ser enjuiciados por cohecho, aunque de lograrse esta hipótesis, se trata de un delito que no amerita prisión preventiva, por lo que los exfuncionarios -en caso de que sean imputados por la Fiscalía- podrían llevar su proceso en libertad.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República también puede contemplar acusar de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) a los exlegisladores que habrían sido sobornados entre 2013 y 2014, siempre según lo que ha informado hasta ahora esa institución.
De reunirse las pruebas suficientes, el Ministerio Público Federal tiene hasta el año 2023 o 2024, para ejercer acción penal en contra del diputado y los cinco senadores que habrían sido presuntamente sobornados por órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En este caso no sería por la recepción de esos recursos, sino por las operaciones que hayan realizado con el dinero. (Surya Palacios/Alto Nivel 12-08-20)
Viene pues una etapa interesante en la que Emilio Lozoya Austin deberá probar sus dichos; aportar pruebas y presentar testigos ya que todos sabemos no basta un solo testimonio para probar un hecho. Esta puesta en escena promete, porque en el contexto del Nuevo Sistema Acusatorio y Adversarial, estaremos presenciando un juicio en vivo y a todo color como lo son en los Estados Unidos de América del Norte; una serie televisiva de esas que tanto éxito tienen entre los mexicanos, y en la que por lo menos se mencionará el nombre de dos expresidentes que quizá pudiesen llegar a declarar aunque el show seguramente no dará para verlos tras las rejas, pero mediáticamente puede ser de utilidad para quien así lo procure.
Lo que sí está claro es que la única que puede cantar victoria y hasta brindar con vino Château Margaux, con valor de 25 mil pesos es la familia Lozoya, el resto de los mexicanos sin “criterio de oportunidad” y con enormes deseos de algún logro que festejar, tendrán que continuar recibiendo atole de 4 pesos