Ayer se dio a conocer una noticia que genera esperanza en cuanto a la posibilidad de que se sancione con base tanto en el derecho canónico como en el régimen legal ordinario, a quienes en México han cometido delitos graves, especialmente aquellos que tienen que ver con asuntos atentatorios contra la libertad y la salud e integridad sexual de seres humanos, más señaladamente afectando a personas menores de edad, incapaces y desprotegidas o desamparadas.

Y es que, después de múltiples evidencias y señalamientos, finalmente la congregación católica Legionarios de Cristo ha reconocido que 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales desde su fundación en 1941 hasta mediados de diciembre de este año.

De acuerdo a un informe elaborado por la organización los abusos fueron cometidos por 33 sacerdotes contra niños, en su mayoría de entre 11 y 16 años. De todos los casos se señala que al menos 60 violaciones fueron cometidas por el sacerdote Marcial Maciel, fundador de la congregación más conservadora y una de las más poderosas en el seno de la Iglesia católica.

El reporte del que han dado cuenta los diversos medios de comunicación, resalta que muchos de los pederastas fueron sacerdotes que alguna vez sufrieron abusos dentro de la congregación, que con el pasar de los años se convertían de víctimas a victimarios, resultando en una espiral de abusos. Sostiene que casi la mitad de ellos cometieron los delitos mientras ocupaban puestos de autoridad en la orden, lo que dificultó las posibilidades de denuncia.

Informa también que de los 33 sacerdotes que cometieron estos abusos sexuales, seis han fallecido sin ser juzgados, ocho abandonaron el sacerdocio, uno dejó la congregación y 18 se mantienen en el grupo. El número de abusadores representa el 2,44% de los 1.353 religiosos ordenados en 78 años, según la investigación.

Ahora bien, ya que la más alta Jerarquía de la Iglesia Católica que encabeza el Papa Francisco, ha dado muestras de querer llegar al fondo de este tema, nuestras autoridades en México estarían obligadas a hacer lo propio y a través de una exhaustiva investigación que debería estar a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables de flagelos como el que se ha dado cuenta no queden impunes.

El 6 de junio de 2017, Norberto Rivera Carrera, señalado como protector y encubridor de sacerdotes pederastas, renunció a su cargo como Arzobispo primado de México con una disculpa a su feligresía por “sus debilidades y omisiones”, sin embargo no dedicó ni una línea a las víctimas de la pederastia clerical qué durante mucho tiempo solapó.

La iglesia católica en el país padeció con Norberto Rivera los escándalos de protección a sacerdotes pederastas con Marcial Maciel, Nicolás Aguilar —por quien el cardenal fue demandado ante la Corte de Los Ángeles, California— así como el caso del sacerdote Carlos López Valdés, cuyo proceso penal continúa por abuso sexual cometido entre 1994 y 1999.

Además, ante las autoridades competentes, el 2 de junio del 2017 fue interpuesta una nueva denuncia penal contra Norberto Rivera por encubrir a 15 sacerdotes pederastas de su arquidiócesis.

En síntesis, Rivera representa el fracaso de un modelo de Iglesia en la que los obispos se auto concebían como maestros, de verdades absolutas y que cuestionaban el rumbo de una sociedad que parecía ir a la deriva.

Pese a su renuncia y los cambios, Rivera no se libera de los señalamientos por delitos cometidos cuando era la máxima autoridad de la Iglesia católica en el país.

Además, entre esos personajes que incurrieron en abusos y que deben pagar por sus crímenes estarían el Cardenal Juan Sandoval ÍIñiguez, ex Obispo y ex Arzobispo de Guadalajara, así como los sacerdotes Luis Garza Medina y Álvaro Corcuera, quienes fungían como Vicario General y Director General de Los Legionarios de Cristo, por encubrimiento de al menos 35 casos de pederastia de integrantes de esa comunidad clerical que como ya se mencionaba fundó el defenestrado Marcial Maciel, debiendo recordarse que Sandoval Íñiguez reconoció haber conocido de los crímenes sexuales y confesó públicamente que incumplió con lo que le obliga la ley y la Constitución de la República al omitir deliberadamente detener y entregar a la justicia a los sacerdotes incriminados a los que “sólo les castigó eclesiásticamente” al suspenderlos temporalmente de sus prerrogativas sacerdotales y cambiarlos de adscripción, por lo que resulta, es culpable de pedofilia y pederastia por negligencia y complicidad al propiciar impunidad de criminales que siguen libres y quizá continúen cometiendo crímenes, sin menoscabo de que hay sustento en cuanto a que el cardenal supo del apropiamiento doloso de bienes de jovencitas huérfanas entregadas por parientes a diversas órdenes religiosas y que además fueron utilizadas en servicios forzados de prostitución y como empleadas en casas de familias adineradas.

Los hechos están denunciados desde hace muchos años por las organizaciones Conciencia Cívica Jalisciense y Fundación FIND y están abiertas en la PGR las averiguaciones penales: AG2/M4/GDL/464/2009 y AG3/M4/3329/2010 radicadas en la Delegación Jalisco y FEVINTRA-C/057/2011 incoada en la Fiscalía especializada para trata de personas, como también deben integrarse y dárseles curso a las causas penales contra José Luis Chávez Botello, que como Obispo de Antequera en Oaxaca ha sido señalado de complicidad en los mismos términos, como se acusa al hoy Ex Obispo de Autlán y al Cardenal Sandoval de quien Chávez fue Obispo Auxiliar de Guadalajara.

Es tiempo de que se actúe con firmeza en México contra estos sacerdotes que han cometido horrorosos crímenes, como ya se ha hecho y se sigue haciendo en otros países donde se rompieron esos tabúes que marcaban a los altos jerarcas y en general a los Sacerdotes, como inmunes a la justicia terrenal.

Si bien ya es tarde para que muchos de estos responsables de la infamia paguen sus culpas en este espacio terrenal, las autoridades deben castigar con todo el peso de la ley a quienes también son culpables de acción, colusión, omisión, etc., y tratar de resarcir a las víctimas, además de velar porque ya nunca más suceda.

Opinion.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1

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